Que ha rehabilitación de viviendas y edificios se ha convertido en los últimos años en una de las salidas para la construcción es una realidad indiscutible. Cuando el boom del sector terminó en crisis, numerosas fueron las empresas que se reconvirtieron en reformistas, una salida que ayudó a mantener parte del empleo existente.

Las subvenciones públicas -la Junta de Comunidades dispone de una línea de ayudas para la rehabilitación de viviendas, de las que llegaron desde 2015 unas 3.400 a la provincia- han movido este mercado, a lo que hay que sumar la necesidad de cumplir con la normativa sobre la Inspección Técnica de Edificios (ITE), que sacó a la luz la edad de un parque de viviendas, el de la capital, envejecido y con carencias en materia medioambiental y de calidad de vida.  Desde 2012, los edificios de más de 50 años debieron ser chequeados para comprobar que cumplían con las condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y habitabilidad, una inspección que afectaba a 5.000 inmuebles, según los padrones que se han ido publicando desde el Consistorio de 2013 a 2017.

No obstante, el cumplimiento no ha sido como se esperaba -o como sería deseable- en la capital y sus pedanías ya que, de los afectados, poco más de 1.800 tenían realizado el reconocimiento a principios de año, es decir, un 36%, porcentaje que, según declaró en los primeros días de noviembre el concejal de Urbanismo, Juan Francisco Jerez, en la jornada Obras y mantenimiento en comunidades de propietarios, organizada por el Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Albacete, ya era del 40%. Pues bien, el llamado Grupo de Trabajo por la Rehabilitación (GTR) presentó recientemente su último informe dedicado a las ciudades: Por un cambio en las políticas públicas de fomento de la rehabilitación residencial, donde alerta del grave desfase entre los compromisos de rehabilitación asumidos por España para luchar contra el cambio climático y la realidad de la actividad rehabilitadora. Y es que cada año apenas se rehabilitan energéticamente un 10% de las viviendas previstas.

propuestas. El documento propone una nueva Estrategia de Rehabilitación que se impulse mediante un Plan Estatal de Rehabilitación dotado con recursos procedentes de los Ministerios de Fomento y de Transición Ecológica, con la participación de las comunidades y que busque empoderar a los municipios para que estos, desde la proximidad y el conocimiento de la realidad urbana, impulsen procesos de rehabilitación energética apoyando a las comunidades de propietarios. Singularmente se propone incidir con más énfasis en los entornos más vulnerables económicamente. Así, no sólo se evitarán emisiones de CO2, sino que además, se creará empleo en el sector verde y se luchará contra la pobreza energética y la segregación urbana. «La falta de diagnóstico, desde el sector público, del estado del parque edificado, y de cómo están evolucionando esconden una punzante realidad de segregación urbana y un agravamiento del proceso de degradación de muchos barrios», declaró Jordi Mas, coautor del último trabajo del GTR.

El texto también sugiere que se supere la cultura de la subvención y que se impulsen otros instrumentos de apoyo a las comunidades de propietarios con mayor implicación del sector público en la planificación, gestión y financiación de los procesos rehabilitadores.

Hay que señalar que según el informe elaborado por el Grupo de Trabajo por la Rehabilitación, de las 62.980 viviendas de la capital albacetense, 3.320 son de la década de los 50, 8.255 de la década de los sesenta y 14.750 de la década de los setenta. En total, 28.170 viviendas anteriores a 1980, un 45% del total. Por último, GTR defiende que la inversión pública arrastrará un volumen de inversión privada suficiente para que los retornos en forma de impuestos compensen el presupuesto público invertido inicialmente.

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