No es habitual escuchar a un cargo público del Gobierno de un signo político hablar bien de lo que ha hecho el de otro partido. Así que se podría empezar por ahí la crónica de la Comisión de Asuntos Generales de ayer de las Cortes. «El proyecto de Montoro no estaba mal en tasa de reposición», reconoció el director general de Función Pública,  José Narváez Vila «el acuerdo de Montoro se está cumpliendo por el Gobierno de Pedro Sánchez porque era un buen acuerdo. Si no, no lo hubieran firmado los sindicatos».

A Narváez le gusta porque ese último acuerdo le ha permitido sacar más plazas en la oferta de empleo público de 2018 de la Administración general (aquí quedan fuera profesionales del Sescam y docentes). Mantiene el 100% de tasa de reposición para algunos puestos de trabajo (es decir, que se cubran todas las jubilaciones), pero ampliando los sectores de la Administración que se pueden acoger a esta tasa de cobertura total. Además permite subir un 5% si se necesita un «refuerzo adicional de efectivos». Ya su vez, la Junta puede seguir tirando del acuerdo que permite sacar plazas para reducir la temporalidad de su plantilla. Es algo que puede hacer entre 2017 y 2019, así que ha decidido dividir en tres esas plazas que puede sacar, para que haya todos los años un plus en la oferta de empleo público.

En esa lucha por reducir la temporalidad, Narváez calcula que cuando se hayan convocado las oposiciones de las ofertas de empleo público de estos tres años, la tasa de temporalidad entre los funcionarios estará entre el 1 y el 3% y la de los temporales entre el 3 y el 5%.

También comentó que en estos momentos está negociando con los sindicatos las convocatorias de oposiciones para las plazas de las ofertas de 2017 y 2018(hay reuniones esta misma semana). Explicó que es bueno sacarlas de manera conjunta para que haya más plazas y así «dar más oportunidad a los aspirantes».  

Además defendió cómo se ha venido haciendo la selección, que combina fase de concurso y oposición. «Aquí aprueba más personal temporal con estas bases, que otras comunidades en las que aprueba menos personal temporal», apuntó en referencia al acceso de los interinos. También señaló que dar una cuota a la antigüedad del 25% de la fase de concurso no le viene mal a los candidatos castellano-manchegos, en comparación con otras comunidades que le dan más peso. Narváez explicó que los opositores de la tierra que son interinos no suelen tener tanta antigüedad como los de otras regiones, así que así se les puede beneficiar.

Categorías sin sacar durante una década.

La suma de la oferta de 2017 y 2018 llega a las 1.804 plazas. La concreción de las de 2018 se puede consultar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha del 4 de octubre. Narvaéz destacó que había categorías que llevaban una década sin sacarse como las de escala técnica y superior de archivos, la ingeniería de caminos, de montes o medicina del trabajo.

El portavoz de Podemos en las Cortes, David Llorente, comentó durante su intervención que «una consecuencia de los recortes fue la alta temporalidad y precariedad del empleo público». La diputada del PPAna Guarinos afeó al director general que solo haya ejecutado la oferta de 2016 y le preguntó si el año que viene va a aprobar la de 2019, aunque lo duda porque aún no hay presupuestos.

El director general de Función Pública calcula que en la convocatoria conjunta de las plazas de las ofertas de 2017 y 2018 de la Administración autonómica se recibirán 80.000 solicitudes, hará falta poner en marcha 64 tribunales con más de 600 miembros y contar con la colaboración de 5.400 empleados públicos.

El Gobierno lleva 190 medidas para reducir el papeleo.

Desde 2016 a 2018 el Gobierno regional ha planificado poner en marcha 190 medidas de simplificación administrativa. Ahí entra tanto la reducción de documentación que hay que presentar, la sustitución de esos papeles por una declaración responsable, la agilización de plazos, la simplificación de formularios o la ‘digitalización’ de los trámites en sí. La viceconsejra de Administración Local y Coordinación Administrativa, Pilar Cuevas, comentó ayer en las Cortes que «el 100% de las medidas o bien se están ejecutados o están en proceso, no hay ninguna sobre la que no se haya iniciado el proceso».

Eso sí, admitió que alguna lleva más tiempo ponerla en marcha, o bien porque hay que hacer cambios normativos o porque se están haciendo pruebas con los sistemas electrónicos. Cuevas incidió en que a la hora de reducir la burocracia en la Administración autonómica se pusieron como prioridad actuar en los «procedimientos con mayor impacto ciudadano». Puso algunos ejemplos al respecto. Señaló que las personas que quieran acceder al ingreso mínimo de solidaridad y a ayudas de emergencia social pueden optar por presentar su solicitud vía telemática y que el plazo de resolución se ha acortado a un mes.

También con estos principios se diseñó el procedimiento de las ayudas de pobreza energética, para las que se ha eliminado la presentación de documentación. «Lleva solo asociado un informe social con prescripción técnica de la trabajadora social», expuso, «y permite el abono de la ayuda en un plazo de 10 días». Añadió que las ayudas a arrendamiento también se pueden pedir electrónicamente.