Rubén Martín está deseando tener su primera cita con las urnas después de «cuatro años luchando» en los tribunales para recuperar lo que por «justicia social» le corresponde. Una jueza de Pozuelo de Alarcón, la localidad madrileña en la que reside junto a sus padres y su hermana Irene, le incapacitó al llegar a la mayoría de edad. Una prórroga de la patria potestad que le privó de un derecho a voto que ahora, tras la aprobación en el Congreso de la reforma de la ley Orgánica de Régimen Electoral (LOREG), será devuelto a cerca de 100.000 personas con discapacidad intelectual, enfermedad mental o deterioro cognitivo. Una luz verde que sigue los postulados de la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad de la ONU, que España firmó y ratificó en 2008.
Hace poco más de un año, y gracias a la intermediación de un abogado, consiguió una sentencia favorable. Y es que el síndrome de Williams con el que nació, un raro trastorno del desarrollo causado por la pérdida de material genético en el cromosoma 7, no le impide salir con su novia Cristina ni trabajar los fines de semana en un restaurante de comida rápida de Majadahonda, prepararse unas oposiciones o jugar a baloncesto en el NJR Ahorramás Distrito Olímpico. «En 2015 ganamos el oro en los Special Olympics World Games de Los Ángeles (EEUU)», presume el joven de 24 años que, según asegura Jesús Montero, responsable de comunicación de la Fundación Gil Gayarre, es «muy sociable» y «siempre tiene la inquietud de conocer a otras personas, así como de aprender cosas nuevas».
En las últimas elecciones generales, Marina Trueba se enteró de que no figuraba en el censo electoral. Una desagradable sorpresa que sus padres tampoco preveían. «Me sentí muy mal, porque iba con mi DNI y mi papeleta en el sobre preparada», confiesa una mujer de 40 años que, tras el chasco, inició los trámites para recuperar su derecho al sufragio, sin éxito. Ahora, una vez superado el último trámite legislativo en el Senado el pasado 22 de noviembre, a tiempo para las elecciones andaluzas de este 2 de diciembre, podrá votar para que, en sus propias palabras, «los políticos empiecen a mover el culo». Y lo tiene claro: «Votaría a Pedro (Sánchez) porque los demás partidos no hacen nada por nosotros».
Marina, que trabaja en una conocida empresa cervecera, no puede llegar a entender que, hasta la fecha, sentencias en cadena hayan matado un derecho protegido en normas internacionales (Tribunal Europeo de Derechos Humanos), instituciones democráticas (Defensor del Pueblo, Comité de Bioética...) y organizaciones humanitarias (Naciones Unidas). «Yo he participado en la edición de la Guía del derecho a voto de Plena Inclusión Madrid», explica Pablo Muñagorri, que forma parte de uno de los 39 grupos madrileños de autogestores, con un total de 478 participantes, de una red de organizaciones que vela por los intereses de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo en España.
«Cuando se murió mi madre, la tutela pasó a mi hermana mayor», explica este hombre de 49 años que no se considera manipulable. «Entré en una sala solo con el juez y me empezó a hacer preguntas con un lenguaje muy difícil», recuerda sobre el examen al que fue sometido para comprobar sus conocimientos sobre el sistema electoral, así como de administraciones, competencias, partidos e ideologías.