La factura energética se come casi el 5% del presupuesto de los ayuntamientos. Un bocado que resta fondos para atender otros servicios públicos. Ahorrar por tanto en el consumo de luz, gas o gasóleo supone, por tanto, un gran alivio para las maltrechas arcas municipales de muchos consistorios.
Y esto es lo que la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha propuso a los municipios con el proyecto bautizado como Elena, una iniciativa que tuvo tal respuesta por parte de los alcaldes que se desbordó el plan tal y como estaba planteado. Solo en la provincia de Albacete, 70 de los 87 ayuntamientos comunicaron su intención de sumarse a este programa que básicamente consistía en cambiar las luminarias del alumbrado público y las calderas y pagar esta inversión con cargo a los ahorros en la factura.
Ante la imposibilidad, por parte del Banco Europeo de Inversiones de afrontar este plan «demasiado ambicioso para ellos», la FEMP decidió ofrecer una nueva fórmula, ahora bautizada como Proyecto Clime. Así, quienes deseen sumarse al proyecto Clime tienen hasta el 15 de noviembre para comunicarlo.
Los municipios que se adhieran tendrán que superar primero una auditoria energética que será realizada por una empresa independiente, pues no se permitirá que esté vinculada a una prestadores de servicios energéticos para impedir que presenten resultados interesados.
Primero una auditoria. Solo los municipios donde se calcule que es posible ahorrar un 10% en la factura, más un «ahorro adicional» suficiente para rentabilizar las inversiones que hay que hacer, podrán seguir adelante en el Proyecto Clime. El gasto de esta auditoria será costeado también con cargo a los ahorros energéticos pero solo en las localidades donde se pase a la segunda fase. Los ayuntamientos cuyos municipios no sean candidatos a entrar en este plan tendrán que financiar de sus arcas el coste de este estudio.
Antes del 31 de enero se habrá contratado a las empresas encargadas de hacer los estudios energéticos, que deberán llevarlos a cabo entre febrero y agosto del año próximo.
Una vez superada la auditoria, llegará el momento de acometer los cambios en las luminarias de las farolas de las calles y los sistema de alumbrado de los edificios municipales, apostando por la tecnología LED, y sustituir las calderas de gasóleo, gas o electricidad por otras de biomasa. Gracias a estos sistemas más eficientes, se conseguirán ahorros en la factura energética, ahorros con cargo a los cuales se costearán estas inversiones.
Para la financiación del Proyecto Clime, se cuenta con financiación de un banco, el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, con quien la Federación de Municipios y Provincias ha negociado un convenio para que ofrezca condiciones ventajosas a los municipios que se adhieran. No obstante, estas inversiones no computan en el endeudamiento de los ayuntamientos, una gran ventaja para los consistorios que pueden reflejar estos créditos como gastos energéticos.
Esta no es la única ventaja de acogerse al Proyecto Clime, sino que además los municipios confían en obtener mejores precios a la hora de comprar calderas y nuevas luminarias, al realizar la compra de manera conjunta a través de la Central de Compras de la Federación de Municipios y Provincias que opera desde hace unos meses. «No es lo mismo comprar 100 luminarias, que pedir presupuesto para comprar 340.000 o contratar el cambio de más de 1.900 calderas», destaca el secretario general de la FEMP, el albaceteño, Fermín Cerdán. El cronograma del plan que se ha diseñado establece que todas las inversiones deberán estar realizadas a mediados del año 2016.
Gasto medio por vecino. La Unión Europea se ha fijado como objetivo reducir, de aquí al 2020, el consumo de energía eléctrica empleada en iluminación en al menos un 20%.
Un estudio realizado por el portal de información local, Sielocal, estima que el coste medio del servicio de alumbrado público en España superó, en el año 2011, los 25 euros por habitante. En Castilla-La Mancha, sin embargo, este coste es más elevado: superó los 29 euros en cuanto a gasto energético y los 2,3 euros por vecino para sufragar inversiones en infraestructuras. Dicho estudio recoge los datos del coste medio por servicio en sólo 14 municipios de la provincia, y algunos son cuanto menos llamativos. Destaca el caso de Villavaliente, que con 362,76 euros de coste por habitante se sitúa entre los 10 municipios de España con mayor índice de relevancia en alumbrado público. Esta cantidad está muy alejada de los datos ofrecidos por el resto de localidades estudiadas. Detrás de Villavaliente, aparecen como municipios con mayor gasto en alumbrado público por habitante Chinchilla (44 euros), Caudete (39 euros), La Gineta (33 euros), Tobarra (33 euros) y Elche de la Sierra (30,8 euros). Rondando el gasto de 25 euros por vecino nos encontraríamos a localidades como Albacete, Alcadozo o Tarazona de la Mancha, sube algo más en Hellín (26,30 euros). Por debajo de estas magnitudes estarían Villarrobledo, donde en 2011 el alumbrado público costó 19 euros a cada vecino, Almansa (14 euros) o El Bonillo (12 euros).
La antigüedad de las instalaciones o el crecimiento del tejido urbano que obliga a ampliar los puntos de luz, son algunas de las razones por las que se dispara el gasto energético.