Entre los grandes avances que marca la Constitución de 1978 está, sin duda, el reconocimiento de la igualdad y el fin de la discriminación legal que sufría la mujer. El cuarenta aniversario del texto constitucional lo es también de la revolución de la mujer, que partía de una situación muy desfavorable. A nivel global, 1975 marcaba un punto de inflexión tras ser declarado por la ONUcomo el Año de las Mujeres, pero en España el punto de partida estaba mucho más atrás que en otros países, por la involución vivida durante el franquismo.
Hasta la aprobación de la Constitución las mujeres en España vivían bajo el yugo de la desigualdad, consagrada a través de las leyes que las privaban de sus derechos civiles. Con la aprobación de la Carta Magna se abolían los artículos del Código Penal que castigaban el adulterio de las mujeres y el uso de anticonceptivos, solo dos muestras de la opresión que pesaba entonces sobre ellas.
La mayoría de edad, fijada los 21 años, no llegaba de forma efectiva hasta los 25 para las mujeres, que hasta ese momento no podían dejar el domicilio paterno, salvo que se casaran. Con el matrimonio esa tutela real pasaba al marido, a quien le correspondían la administración de los bienes y la patria potestad de los hijos, y quien además debía otorgar su permiso para situaciones tan corrientes como abrir una cuenta bancaria, comprar y vender bienes o firmar contratos. Sí, también para trabajar.
Hay que esperar hasta las reformas del Código civil de 1981 para que se reconozca la igualdad de la mujer en la administración de bienes y en el ejercicio de la patria potestad y se regulen los procedimientos de nulidad, separación y divorcio. En 1985 se despenaliza el aborto en tres supuestos y en 1989 los delitos contra la honestidad pasan a recogerse como delitos contra la libertad sexual.
mujeres en política. Aquel mismo Congreso de los Diputados que aprobó el proyecto constitucional el 31 de octubre de 1978 era muestra de cuanto quedaba por avanzar. Ninguna mujer formó parte de la ponencia constitucional, fue una Constitución sin madres, y en la Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas había solo una de un total de 36 miembros.
De los 350 diputados que formaban las cortes constituyentes apenas 21 eran mujeres y ninguna de ellas ocupaba la portavocía de los grupos parlamentarios. Tampoco había ninguna mujer entre los 21 diputados que habían sido elegidos por las cinco provincias de Castilla-La Mancha, aunque en esa misma legislatura constituyente se eligieron dos senadoras, Juana Arce Molina, de UCD, por Albacete, y Amalia Miranzo Martínez, del PSOE, por Cuenca. La cosa, por cierto, avanzó poco y en 1982 la representación de la región en las cámaras seguía estancada en la misma cifra; en este caso, con una diputada por Toledo y una senadora por Cuenca, ambas del PSOE. La lenta incorporación de la mujer a la política se refleja también en las Cortes regionales que salieron de las primeras elecciones autonómicas de 9 de marzo de 1983, en las que la única representación femenina recaía en la diputada de AP por Ciudad Real María Consuelo García Balaguer
Los cuarenta años transcurridos han dado un vuelco total a la situación de partida, hasta llegar a las 144 diputadas que hoy ostentan su escaño en el Congreso, el 41,7 por ciento de una cámara presidida, por cierto, por una mujer, Ana Pastor, y que tiene otras mujeres en la portavocía de los tres principales grupos políticos de la cámara (PP, PSOE y Unidos Podemos). Hay muchas razones que han contribuido a este como a otros avances, pero no es menor la contribución de la ley de Igualdad de 2007, que introduce la paridad en las candidaturas, así como las promulgadas en las comunidades autónomas y las regulaciones electorales.
El enorme camino recorrido no oculta, no obstante, lo mucho que queda por conquistar en todos los ámbitos de la sociedad para alcanzar una igualdad real. La violencia machista, la brecha salarial, o el techo de cristal encabezan un largo etcétera que está aún por superar.