El Defensor del Pueblo recibió a lo largo de 2018 casi 900 quejas de ciudadanos castellano-manchegos que creyeron conculcados sus derechos constitucionales o percibieron abusos por parte de las administraciones públicas. La cifra exacta relativa a la comunidad autónoma antes del recuento definitivo es de 886, según ha confirmado el propio organismo. Una vez concluya el cierre de los expedientes abiertos en el año recién finalizado, la institución presentará los datos completos de su trabajo durante los últimos doce meses.
Castilla-La Mancha es la sexta comunidad autónoma española que más quejas presentó durante 2018 al Defensor del Pueblo. La región se ubica por detrás de Madrid (4.380 peticiones enviadas), Andalucía (2.907) y Cataluña (1.624). En cuarto lugar se sitúa la Comunidad Valenciana y en quinta posición Castilla y León. La relación entre la población de cada comunidad y el número de requerimientos realizados muestra el extendido uso que de esta institución de supervisión constitucional hacen los ciudadanos de la región.
Las estadísticas definitivas, segmentadas por regiones, provincias, perfiles de los demandantes y tipo de requerimientos, se presentarán en los próximos meses, aproximadamente entre marzo y abril de 2019. El Defensor del Pueblo, figura encarnada desde 2017 en la persona de Francisco Fernández Marugán, señala, en una nota de presa, que los temas de índole social y económica continúan siendo los que más quejas ocasionan entre los ciudadanos. En los últimos años, con el estallido de la crisis económica y laboral, este tipo de cuestiones se han convertido en las predominantes.
Fernández Marugán conmina a los poderes públicos a «formular de manera urgente una oferta pública a favor del alquiler social para que los colectivos más vulnerables, así como los jóvenes, puedan emanciparse y construir un proyecto de vida propio y autónomo». En la nota del balance preliminar de 2018, el Defensor del Pueblo clama por las dificultades en el ámbito de la vivienda (alquileres y desahucios, principalmente) para muchos españoles.
El acceso a la sanidad es otro de los aspectos que más atenciones necesita por parte del órgano del alto comisionado. El Defensor del Pueblo recuerda en la nota su defensa de la extensión del derecho a la asistencia sanitaria universal «como un derecho público subjetivo, personal y no contributivo».
El Defensor del Pueblo también plantea cambios en las legislaciones y actuaciones de las diferentes administraciones públicas referidas al medio ambiente, los pisos turísticos, las casas de apuestas y los jóvenes, los precios en los servicios de telecomunicaciones y energía, la educación inclusiva, la violencia machista y la llegada y acogida de inmigrantes y refugiados.