Sonriente, ufana, aliviada, charlatana y con esa arrolladora personalidad que caracteriza a la presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, se presentó ayer ante los Juzgados ordinarios de Madrid para declarar por el incidente de tráfico que protagonizó el pasado 3 de abril con su coche en una zona del carril bus de la calle Gran Vía.

«Por fin», declaró ante al juez «absolutamente todo lo que ocurrió ese día», aseguraba a su salida. Acompañada por su letrado, el abogado José Carlos Velasco, Aguirre llegó a los Juzgados sobre las 10,20 horas para declarar ante el togado Carlos Valle, manifestando a los periodistas que pretendía contar todo lo ocurrido aquella «fatídica» jornada para ella.

La comparecencia, que se prolongó durante unos 40 minutos, se produjo por un delito de desobediencia, contemplado en el artículo 556 del Código Penal. Durante la declaración, cerca de un centenar de miembros de seguridad, entre vigilantes, guardaespaldas y policías municipales, se encontraban en los pasillos junto a la sala de audiencia del Juzgado de Instrucción número 14 de Madrid.

A su salida, la esperaban a las puertas de las dependencias judiciales más de un centenar de periodistas. Entre un tumulto de personas, la presidenta del PP de Madrid manifestó que está «muy contenta» por haber venido a declarar, ya que «la infracción» que cometió y por la que ya pidió perdón se produjo el 3 de abril y ya estamos a 22 de septiembre.

 «Por fin he podido declarar absolutamente todo lo que ocurrió ese día. He contestado a las preguntas del juez, de la acusación particular. La declaración se ha grabado y tendrá tener acceso a ella cuando proceda», argumentó.

Ante las dificultades para dar algún testimonio ante la gran cantidad de medios, insistió en que «todo» lo que tenía que decir se lo había dicho al juez y respondió, a preguntas de algunos periodistas, que ya ha contestado si esto podría afectar a su carrera política.

«Mi futuro está en manos de la providencia», concretó. Un juego de palabras que podría hacer mención no solo a si se la juzgará por una falta o por un delito, sino por su futuro político más inmediato, ya que el suyo es uno de los nombres que suenan dentro del PP para aspirar a la Alcaldía de la capital del país.

En el auto de incoación de las diligencias, Valle exponía que los hechos «presentan características de la posible existencia de una infracción delictiva. Pese a la postura del magistrado de instruir los hechos como un juicio de faltas, la Audiencia de Madrid ordenó al juez instructor abrir un procedimiento abreviado al calificar los hechos como un delito del artículo 556 del Código Penal. Estas diligencias no implican que la causa acabe siendo instruida como un juicio de faltas o que se archiven las mismas.

El altercado de tráfico llegó a los tribunales madrileños después de que la Policía Municipal remitiera el atestado policial sobre lo sucedido. Ese día, la expresidenta de la Comunidad de Madrid se marchó con su coche tras supuestamente arrollar la moto de un agente que la había multado por aparcar en un carril bus de la madrileña Gran Vía.

¿Qué va a pasar? «¿Qué pasa? ¿Bronquita y denuncia? Venís a por mí porque soy famosa. Tienes la placa. Denuncia al vehículo», reflejaba la denuncia interpuesta ante la Policía por los agentes locales de movilidad.

A continuación se marchó del lugar sin aportar toda la documentación que se le requirió, haciendo caso omiso a los agentes que le dijeron que no podía irse, colisionando con una de sus motos y sin atender tampoco a las indicaciones de los policías municipales que la siguieron.

Para el día 30 de septiembre, han sido citados en calidad de testigos seis agentes de movilidad y dos agentes municipales que intervinieron en el incidente, por lo que hasta entonces la situación procesal de la exbaronesa del PP no cambiará. La cuestión será qué acontecimientos procederan después, ya que hay tres posibles vías.

Por un lado, que se siga instruyendo la causa como delito, tal y como le ordenó la Audiencia Provincial de Madrid, y una vez terminada la investigación transformar la causa en procedimiento abreviado, paso equivalente al auto de procesamiento, que situaría a Aguirre al borde del banquillo.

La segunda posibilidad que entra en juego es que el juez recupere su criterio inicial y califique la supuesta desobediencia de Aguirre como falta. En ese caso, la última palabra volvería a tenerla la Audiencia Provincial.

Un tercera opción que se abre en este caso sería el archivo directo de la causa. Eso sí, este camino sería recurrido inmediatamente por la acusación particular, que ejerce la asociación Transparencia y Justicia.