El Gobierno acordó ayer elevar el techo de gasto hasta los 125.064 millones de euros, un 4,4% más que en el ejercicio anterior, lo que significa 5.000 millones más que en el ejercicio anterior, y el mayor alza desde 2014, que, según explicó la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, posibilita la elaboración de un «presupuesto expansivo que garantice una recuperación justa».

Se trata, destacó Montero, del primer paso para poder elaborar el Presupuesto de 2019, que pivotará sobre ese límite de gasto no financiero en base al escenario macroeconómico que también expuso la ministra de Economía, Nadia Calviño, que fijó un crecimiento «estable» del sistema español.

Calviño esbozó un informe de la situación de la economía hasta 2021 «realista y prudente», basado en las previsiones de los principales organismos europeos, y combinado con un esfuerzo de reducción del déficit estructural del 0,4% del PIB, «fundamental para corregir la elevada deuda pública», y que permitirán, a su juicio, cumplir con los compromisos comunitarios, al tiempo que «permite mantener una tasa de crecimiento del 2,4%».

«Nuestra política se orienta a una consolidación fiscal que no esté reñida con el mantenimiento y la sostenibilidad del desarrollo y la creación de empleo», aseguró la titular de Economía, avanzando la clave sobre la que quieren que se sustente ese «presupuesto expansivo»: su impacto en la sociedad.

En este sentido, el Consejo de Ministros aprobó también la nueva senda de estabilidad flexibilizando el objetivo de déficit que, según aseguró la ministra de Hacienda, a quien beneficia es a las autonomías y a la Seguridad Social.

María Jesús Montero comunicó la nueva dirección de estabilidad que permitirá a las regiones disponer de 2.500 millones de euros más, de los que el 80% irán a parar a gasto social: dependencia, servicios sociales, sanidad y educación.

En este sentido, advirtió, del voto contrario de los consejeros de las comunidades gobernadas por el PP, asegurando que su rechazo respondería más a cuestiones «ideológicas» que a una «pataleta». «El PP, si lo hace, no rechaza esta senda de estabilidad por una pataleta por no haber asumido el cambio de Gobierno, si lo hace es por una cuestión ideológica», declaró.

Una posibilidad que consideró un «contrasentido» ya que la ecuación la estimó clara: «o se está a favor de que España disfrute de 6.000 millones más que autoriza Europa para hacer más transitable la recuperación, o no. No hay más que discutir».

De no aprobarse en las próximas semanas su tramitación en las Cortes, el margen de estabilidad concedido por la UE quedaría anulado y se volvería a la vía anterior, por lo que las comunidades se verían privadas de estos fondos extra.