A finales del año 2011, una decena de asociaciones profesionales integradas en FEDAdecidió constituir un grupo de trabajo desde donde reclamar el apoyo de las administraciones y otros colectivos para atajar el problema de la economía sumergida y el intrusismo en la capital y en la provincia y que, según las cifras oficiales, representa el 32% del PIB albaceteño.

Desde entonces y hasta la fecha, con más ganas que éxito, se han reunido de forma esporádica con algunas instituciones -aunque no las directamente competentes con este problema, como las inspecciones de Trabajo o Consumo- y con consumidores.

El resultado han sido un conjunto de buenas intenciones pero poca actuación y ninguna medida, que ha llevado a que sectores como las academias privadas, las peluquerías y centros de estética, los instaladores y fontaneros, los talleres de reparación de vehículos, los gestores ambientales o las máquinas recolectoras, los empresarios agroalimentarios o los cuchilleros -todos ellos en esta mesa de trabajo integrada en FEDA- sigan sufriendo un perjuicio que, con la crisis, ha agravado aún más su situación económica.

Ahora, su llamada de atención se dirige a los partidos políticos municipales para que ellos, a través del Consistorio, hagan que las administraciones competentes se impliquen y, en la medida de lo posible, ellos también. «Hemos constatado que hay una gran indulgencia por parte de la sociedad, un sentimiento de pena» hacia muchos de los que trabajan en la economía sumergida, a la que se han visto abocados a veces por necesidad y otras como oportunidad,  pero que «supone un perjuicio para la sociedad en general», advertía el moderador de esta reunión, Cesar Yagüe, representante de las academias privadas.

La cita, de nuevo y como las anteriores, celebrada en la sede de la Confederación, contó con la presencia de los cabeza de lista de PSOE, Ciudadanos y UPyD, Modesto Belinchón, Carmen Picazo y Hernando Martínez respectivamente, y con los miembros de la candidatura de Ganemos, Álvaro Peñarrubia, y del PP, Julián Garijo.

compromiso asumido. Los aspirantes a conseguir la Alcaldía se sometieron -de hecho estaban sentados ante los representantes empresariales como si éstos integraran un tribunal examinador- a la batería de preguntas que les lanzaron. Desde las más generales, como qué entienden por economía sumergida, hasta las más concretas, como si han previsto como medida de gobierno «utilizar la información» que se puede extraer de los carteles en los que quienes trabajan en B ofertan sus servicios y los colocan en mobiliario urbano o centros municipales, «para hacer algún tipo de persecución de estas actividades clandestinas».

La unanimidad en el rechazo a la economía sumergida fue total, aunque con advertencia, por los políticos, de un cierto grado de dificultad a la hora de adoptar determinadas medidas, como habilitar más medios desde el Ayuntamiento. Incluso con el pequeño ‘tirón de orejas’ de que este problema se debería haber empezado a abordar en tiempos de bonanza, a lo que el empresariado fue tajante. «Yo tengo denuncias puestas desde hace, por lo menos, 15 años, y no se ha hecho nada», aseguró el presidente de la Asociación de Cuchillería, Juan Andrés Barbero.

Ahora bien, donde sí se logró un sí rotundo fue en la pregunta de si son partidarios de que el Ayuntamiento «constituya una mesa de trabajo permanente», con policía local, inspección de consumo, asociaciones, representantes del grupo de trabajo de FEDA, sobre la economía sumergida.

Este tipo de órganos de participación «los necesitamos como el comer», defendió Álvaro Peñarrubia, al tiempo que Carmen Picazo planteó la conveniencia de «invitar también a colegios profesionales». Julián Garijo propuso circunscribirla «en algún ámbito más sectorial» y poner en común las conclusiones y más crítico, aunque a favor, fue Hernando Martínez, que dijo ser «partidario más de equipos de trabajo que de grandes mesas, son más operativos».

El que más ‘se mojó’ fue el candidato socialista, que abogó por la fórmula de un «órgano público-privado con capacidad ejecutiva», con potestad «para desarrollar en implementar medidas».

PLURIEMPLEO CONTROLADO. A falta de que lleguen las elecciones y se constate si las buenas intenciones pasan a realidad, el foro abordó otros temas como, por ejemplo, la segunda actividad a la que se dedican muchos funcionarios. «La Ley de Incompatibilidades establece que el funcionario que desarrolle una actividad en un sector concreto, no puede luego dedicarse a la misma fuera de su puesto», resaltó el ‘popular’ Julián Garijo, que indicó que sí puede hacerlo a otra cosa, facturando.

Por eso, porque una segunda actividad profesional supone un mayor rendimiento, Belinchón se mostró a favor de que «esa compatibilidad tiene que estar gravada en los impuestos, con un gravamen impositivo mayor que la primera actividad».

Un asunto que se tensó en el momento en el que Peñarrubia, que dejó claro que «hay que abordar este asunto», planteó también que «la legislación laboral española no está preparada para alguien que facture 300 euros al mes». Una afirmación que recibió, como respuesta, en este caso del presidente de los Autónomos de FEDAy de la Asociación de Instaladores y Fontaneros, Juan Manuel García, palabras de contrariedad: «Estáis justificando que a un funcionario al que le pago el sueldo me haga competencia desleal».