La modificación por parte del anterior Gobierno socialista del Reglamento de Extranjería, el Real Decreto 557/2011 que entró en vigor hace ya un año dio lugar a que en los últimos meses del pasado año y principios del presente ejercicio se incrementase considerablemente el número de inscripción en el Registro de Parejas de Hecho tanto del Ayuntamiento de la capital como en los Consistorios de otros municipios de la provincia albaceteña. Y es que dicha modificación contempla el arraigo social al acreditar vínculo con familiares de ciudadanos comunitarios y la reagrupación familiar con la concreción de relación de afectividad análoga a la conyugal.

 Tal repunte e hizo que las alarmas se saltasen pues igualmente se podía estar ante una vía a usar por extranjeros en situación irregular para de esta manera intentar regularizarse, según explica el comisario jefe del Cuerpo Nacional de Policía, Francisco José Roldán.

La respuesta ante tanta inscripción, hizo que durante cuatro meses se desarrollase un dispositivo especial de seguimiento y de control de aquellas parejas que podían resultar ser «sospechosas», procediéndose, por parte de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras durante este período de tiempo a la emisión de 68 informes.

Informes que, por otra parte, vinieron  a constar que «tres de cada cuatro de las uniones de hecho que se habían inscrito en la provincia, lo eran a los meros efectos de conseguir para uno de sus miembros el beneficio del régimen comunitario, o lo que es lo mismo, hacerse con una autorización de trabajo y residencia permanente en España por la mera existencia de un supuesto vínculo familiar», dice Roldán, algo que pasó pues también hubo un repunte en este tipo de peticiones ante la Suddelegación.

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