Podría tener los días contados. En concreto, sólo le quedarían tres al artículo de la legislación autonómica que concede a un expresidente de Castilla-La Mancha una Secretaría de apoyo, dotada con dos personas; un local de oficina con los medios adecuados; un conductor; un automóvil de representación perteneciente al parque móvil de la Junta y un Servicio de seguridad y protección personal. A instancias del PP, este jueves el pleno de la Cámara autonómica votará si se suprime este artículo de la Ley del Gobierno y Consejo Consultivo, de modo que las arcas de la Junta dejarían de costear los privilegios de los expresidentes autonómicos, que hasta la fecha sólo disfruta Bono, ya que Barreda renunció antes de perder las elecciones.
A diferencia de otras ocasiones en las que las leyes se llevan a pleno con la seguridad de que saldrán aprobadas, porque el PP tiene mayoría, en esta ocasión la modificación requiere mayoría cualificada y, por tanto, es preciso que el PSOE también quiera suprimir los privilegios de los expresidentes. La medida también afectaría a los expresidentes de las Cortes regionales, a los que les quitan el ‘salario’ que cobrarían como miembro nato del Consejo Consultivo. Un ‘recorte’ que sólo afectaría a Barreda porque la entrada al Consejo Consultivo sólo se permite a los expresidentes de las Cortes que han estado seis años en el cargo.
Desde el PSOE, se insistía ayer en que no le gustan «las formas» en las que se ha llevado esta iniciativa a las Cortes. Y es que el procedimiento de lectura única elegido por el PP impide la presentación de enmiendas.
Una actitud que para el portavoz de la oposición, José Luis Martínez Guijarro, dificulta la llegada a acuerdos. Como dijo, «es un auténtico trágala, lo que quieren es que digamos amén a lo que quiere Cospedal».
A su juicio, la Ley del Gobierno -al igual que el Estatuto- es parte del «bloque de constitucionalidad» autonómica y, por tanto, se debería abordar su reforma con el máximo consenso posible. «Si hay que tocar estos pilares que sustentan la normativa básica de la comunidad, debe hacerse con tranquilidad desde el diálogo y el acuerdo».
En cuanto a los temas que al PSOE le gustaría tratar en esta reforma legislativa, apuntó cuestiones como los privilegios de la Presidencia, su dedicación al gobierno del comunidad, endurecer las incompatibilidades para los consejeros o mejorar la normativa de transparencia.
Desde el PP, Francisco Cañizares, aseguró que la actitud del PSOE busca justificar «por adelantado» su no apoyo a la Proposición de Ley de Reforma de la Ley del Gobierno y del Consejo Consultivo. Para el portavoz ‘popular’ si el PSOE quería presentar «otra cosa» en las Cortes «tiempo ha tenido».
Y para justificar la necesidad de esta reforma, recordó que los gastos derivados de estos privilegios suponen unos 200.000 euros al año, algo «difícilmente comprensible» en tiempos de crisis.