La consejera de Agricultura, María Luisa Soriano, expuso ayer los principales puntos del acuerdo alcanzado el miércoles por los ministros del ramo de la Unión Europea, la Comisión y el Parlamento Europeo para reformar la PAC en el período 2014-2020, en el que España contará con un presupuesto de más de 47.000 millones de euros. Soriano, que compareció junto al portavoz del Gobierno regional, Leandro Esteban, afirmó que la reforma de la Política Agraria Común recoge «casi la totalidad» de las medidas que reclamaba y que ha peleado el Gobierno de Castilla-La Mancha».

«se adapta a las necesidades de nuestro campo». Esta reforma, sostuvo, «se adapta además de las necesidades» del campo. El texto final «permite a los agricultores y ganaderos de nuestra región contar con un horizonte estable en el que trabajar y en el que realizar las inversiones necesarias para seguir haciendo de Castilla-La Mancha una potencia agroalimentaria».

Como ejemplo, Soriano aplaudió que se haya logrado evitar el «fuerte» trasvase se fondos de unos sectores a otros o entre regiones  que pretendía la Comisión Europea con los criterios de convergencia interna, que preveían una «tasa plana» con un importe fijo por hectáreas independientemente del tipo de cultivo y su nivel de ayudas anterior.

Celebró, por tanto, que esta convergencia se haya limitado «de forma considerable», ya que se excluye de la misma a los pequeños agricultores y ganaderos que reciben hasta 1.250 euros al año -unos 70.000 en Castilla-La Mancha- así como a las ayudas acopladas, que suponen el 13 por ciento del presupuesto.

se mantienen las hectáreas. Soriano explicó también que se mantiene la superficie con derecho a recibir ayudas de la PAC en 22,4 millones de hectáreas para toda España, contra la intención de Bruselas de ampliar las hectáreas a 38 millones. De haber sido así «habría supuesto un fortísimo recorte en la ayuda a la hectárea de más del 40 por ciento», detalló.

En cuanto a los requisitos medioambientales (el denominado ‘greening’), de los que dependerán el 30 por ciento de las ayudas, María Luisa Soriano celebró los grandes avances conseguido, como es el hecho de que los cultivos leñosos como la vid o el olivar se consideren de «valor ecológico» y, por tanto, reciban dicha ayuda sin necesidad de condicionantes.

Por lo que respecta al sector vitivinícola, al margen de que sus ayudas no estarán sujetas al cumplimiento de nuevos requisitos medioambientales, la consejera de Agricultura explicó que se ha logrado evitar la prevista liberalización de los derechos de plantación de viñedos para 2015. Ese año, añadió, se pondrá en marcha un nuevo sistema basado en «autorizaciones» que estará en vigor hasta 2030.

Sobre la promoción del vino, destacó que la reforma permitirá que los fondos para campañas, hasta ahora limitados a terceros países, incluyan la promoción que se realice en los países de la Unión Europea.

La reforma de la Política Agraria Común también introduce medidas que afectan a la cadena alimentaria, líneas que fortalecerán a los productores de cara a negociar con la gran distribución, como la obligatoriedad de firmar los contratos para la entrega del producto o la posibilidad de negociación colectiva de contratos.

En cuanto al desarrollo rural, lo más destacado -dijo Soriano- es que la región mantiene una cofinanciación europea del 75 por ciento y el resto lo aportarán la Junta de Comunidades y el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

En este punto, Soriano recordó que la Comisión Europea, al igual que el borrador ‘fabricado’ durante la etapa socialista, quería rebajar la cofinanciación al 50 por ciento.

reparto de fondos nacional. Por último, la consejera de Agricultura explicó que, aunque la reforma ya ha quedado cerrada a nivel europeo, aún queda por concretar el reparto de fondos entre sectores y comunidades autónomas, cuestión que se abordará con el ministro Miguel Ángel Arias Cañete y el resto de autonomías a finales de julio, previsiblemente los días 24 y 25, concluyó la responsable regional de Agricultura.