Las compañías distribuidoras de energía están incrementando la vigilancia y el número de inspecciones ante el aumento de los casos de fraude eléctrico, los conocidos enganches ilegales, con los que un negocio o una vivienda se conecta a la distribución de electricidad (también agua, gas...) sin pagar. Así lo indican desde la compañía Iberdrola, que entre enero y octubre de este año ha abierto en la provincia 770 expedientes por defraudación de fluido, que recuerda los perjuicios que ocasionan en el resto de consumidores estas prácticas ilegales, y los riesgos para quienes las ponen en marcha por cuanto supone manipular equipos y aparatos que requieren determinadas normas de seguridad y manejo.
Desde Iberdrola se señaló que en el año pasado, en la provincia, se detectaron otros 1.183 casos de enganches ilegales a la red eléctrica. Haciendo una media mensual, y comparándola con la de este año, no hay un aumento de casos, al contrario, pero sí ha habido un aumento de la energía defraudada, según comentaban fuentes de la compañía: «Quedando dos meses para el cierre del ejercicio, la energía que se ha podido facturar hasta octubre gracias a la apertura de expedientes asciende a 9,2 millones de KW/h, el 13,6% más que los 8,1 millones de KW/h facturados en todo el año 2013». La compañía subrayaba que el incremento de las pérdidas provocado por aquellos que cometen fraude eléctrico «repercute en el bolsillo del resto de los consumidores, los honrados, ya que hay que elevar los ingresos del sistema vía peajes de acceso para equilibrar las cuentas del sistema». Asimismo, estos enganches ilegales «perjudican en general a todos los ciudadanos, dado que la energía que se deja de facturar también deja de aportar ingresos a las arcas del Estado vía impuestos, el eléctrico y el IVA».
RIESGOS. En cuanto a los peligros añadidos de estas prácticas, la empresa señalaba que «conllevan un elevado riesgo para la seguridad de las personas que las realizan y también para terceros, así como para las propias instalaciones, ya que se llevan a cabo al margen de la legalidad y de la normativa técnica vigente». Iberdrola subrayó que el incremento del fraude es un hecho que preocupa a las compañías, pero también al Ministerio de Industria y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), porque el recorte de los ingresos regulados «puede poner en riesgo el equilibrio económico del sector».