Los tribunales han dado la razón a la empresa Reacción Rock encargada de la gestión del festival con un contrato de 10 años, hasta 2022, que selló con el Gobierno del PP. La empresa recurrió el pago de 85.000 euros por las obras de seguridad que se hicieron en el recinto y que según Iñiguez, "la empresa no pidió y las aprobó la Junta de Gobierno".

Esas obras, según el contrato, las debía pagar el Ayuntamiento" por lo que Reacción Rock recurrió y ahora una sentencia da la razón a la productora valenciana.

El concejal de Hacienda critica que " Valentín Bueno lavandose las manos, se quedó el coste de todas las mejoras del recinto, es una chapuza de contrato y un mal negocio. Ahora vemos las consecuencias con este pufo que tiene que asumir el equipo de Gobierno que anota en su debe  contable  85.000 euros".

"El Ayuntamiento está en una posición de debilidad con respecto a la empresa Reacción Rock, lo malo para el Ayuntamiento y lo bueno para la empresa", dice.