Durante buena parte de la mañana de ayer una decena de agentes del Cuerpo Nacional de Policía estuvieron en las oficinas vacías de la clínica iDental para practicar un nuevo registro que terminó poco después de la una de la tarde, cuando los funcionarios policiales cargaron varias cajas y equipos en dos vehículos. Por varias horas los agentes recorrieron las dependencias de la antigua sede de la clínica odontológica para intervenir posibles pruebas, mientras un coche patrulla se apostaba en el cruce de la calle Padre Romano con la calle San Julián, para dar apoyo a la labor de registro.
La noticia de la nueva inspección se daba desde Madrid, porque fue un registro que también se hizo a la vez en otras 22 clínicas de iDental, informó Europa Press. Fuentes policiales albacetenses confirmaban los motivos del registro, y desde Madrid se indicaba que fueron ordenados por el juez de la Audiencia Nacional en busca de «pruebas y hacer inventario para cubrir las posibles indemnizaciones de afectados», pacientes de las clínicas. Se trata de la operación bautizada como Apolonia, y los registros quieren a la vez sondear la posibilidad de «recuperar dispositivos informáticos y repositorios de datos que contengan imágenes de pruebas médicas de usuarios para facilitar su devolución a los pacientes, que así podrán continuar con su tratamiento o denunciar, en su caso», recogía Europa Press a partir de la información de fuentes judiciales. Los agentes policiales que ayer estaban en la clínica de la calle Padre Romano forman parte de un contingente movilizado de unos 300 efectivos, con participación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) y la Unidad de Investigación Tecnológica (UIT) junto con la Científica.
LOS DEMÁS REGISTROS. Junto a Albacete, estas unidades estuvieron en clínicas de Gijón, Salamanca (Santa Marta de Tormes), Valladolid, Segovia, Zaragoza, Barcelona, Tarragona, Gerona, Castellón, Valencia, Alicante, Elche, Murcia, Almería, Granada, Málaga, Córdoba, Sevilla, Cádiz y Las Palmas de Gran Canaria. La investigación judicial apunta a los titulares de iDental en relación con estafa continuada, apropiación indebida, falsedad documental, administración fraudulenta y lesiones, entre otros delitos. El modo de funcionamiento de las clínicas low cost o de bajo coste pasa por prestar servicios odontológicos, para los que ofrecía un sistema de financiación de tratamientos a través de entidades bancarias mediante las que percibía el abono íntegro anticipado de sus servicios. Tras ello, según denuncian los afectados, los pacientes «eran atendidos por personal no cualificado, se empleaba material de baja calidad, y los tratamientos no eran finalizados». (Más información en edición impresa)