Instigación a la desobediencia civil y ocultamiento de armas de fuego en la modalidad de explosivo son los dos delitos por los que se está procesando  en Venezuela al albacetense, José Luis Fernández Martín, desde el pasado mes de septiembre y por los que podría cumplir una condena de entre 18 y 20 años de prisión.

Así lo aseguraba ayer a La Tribuna de Albacete su abogada, Mariló Tortolero. «En Venezuela no se suman los dos delitos, sólo se tiene en cuenta el más alto y se le agregan las agravantes, con lo que serían unos 20 años de prisión si fuera condenado, sólo por el delito de ocultación de armas, con agravantes».

No hay delitos. Sin embargo, según la letrada, no se da delito alguno, ya que ni él, ni su compañera sentimental, Yolanda Lara (también albacetense), estaban protestando contra el Gobierno de Maduro, el 20 de febrero de 2014 en San Felipe (capital del estado de Yaracuy), sino que cuando ambos salían de un centro comercial en su vehículo, cuatro jóvenes que si protestaban se les subieron en la parte trasera de su furgoneta, para huir de la Policía, momento en el que fueron detenidos los seis.

En cuanto al delito de ocultamiento de armas, Mariló Tortolero afirma que la pólvora que se encontró en su casa, es legal en Venezuela. «Antes del juicio compré dos kilos, para demostrar que es legal. Es una pólvora para piroctenia, que él usaba para hacer botes de humo artificiales para el parapente, para hacer señalizaciones».

Algo que sabe muy bien la abogada, ya que también practica este deporte, razón por la que es amiga de José Luis Fernández.

Por todo ello, la abogada asegura que Fernández «debería estar en la calle, según la legislación venezolana, desde el primer momento, al igual que lo están su pareja, que fue deportada a España y los otros cuatro detenidos.

En lo que se refiere al juicio, se inició en septiembre, aunque tuvo que suspenderse dos veces, porque se trató de llegar a un acuerdo, pero Tortolero no aceptó porque no querían retirarle la acusación por ocultamiento de armas.

El primero en declarar, según relata la abogada, fue un experto en explosivos, que reconoció que la pólvora es legal. También testificaron los funcionarios que registraron su vivienda, que reconocieron que estaba en construcción, lo que justifica que en su casa se hallaran envases plásticos vacíos, clavos, interruptores eléctricos de pared y una manguera de jardín.

Por el momento, se han celebrado cinco sesiones del juicio y la próxima será el 17 de diciembre.