Policía Nacional y Guardia Civil disponen desde la pasada semana del primer Protocolo de Actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ante los delitos de odio, un instrumento que el Ministerio del Interior ha impulsado para permitir visualizar este tipo de delincuencia y ayudar a que las víctimas se sientan protegidas y denuncien cualquier tipo de actitud que encaje en las infracciones del Código Penal. Los mismos datos de las fuerzas policiales para Albacete señalan que en el último año se registraron en la provincia 29 incidentes por delitos de odio, por los tres del año anterior. La mayoría de casos de los contabilizados en Albacete tenían que ver con episodios de racismo y xenofobia (17 de los 29), aunque también figuran varias denuncias de discriminación contra discapacitados (siete), y algunas menos por delitos contra la orientación sexual (cuatro).

María Isabel Peñarrubia, fiscal que instruye este tipo de diligencias, explicó que las cuestiones más comunes de las que llegan a Fiscalía tienen que ver con discriminación en el acceso a bares: «Son las más comunes, denuncias de personas de raza negra a quienes no se permite entrar a un local; eso es un delito». También se suelen ver «algunas agresiones a personas por llevar determinado vestuario que denota una ideología política», explicó la fiscal, que señaló que en muchas ocasiones «estos comportamientos no se denuncian».

DISCRIMINACIÓN EN EMPLEO. Otro tipo de discriminación que se da es la que tiene que ver con el artículo 512: el castigo de quienes «en el ejercicio de sus actividades profesionales o empresariales denegaren a una persona una prestación a la que tenga derecho por razón de su ideología, religión o creencias, su pertenencia a una etnia, raza o nación, su sexo, orientación sexual, situación familiar, enfermedad o minusvalía». María Isabel Peñarrubia explicó que de este tipo « de vez en cuando se ve algún delito por discriminación en el empleo», es decir, cuando se le niega a una persona exclusivamente por este tipo de circunstancias, y no por su aptitud profesional o laboral. La fiscal albacetense indicó que cualquier caso «no podemos hablar de un número elevado de denuncias de este tipo en la provincia», aunque lo deseable es «que hubiera coincidencia entre lo que se denuncia y lo que ocurre, pero no siempre ocurre así». La fiscal también señalaba que sí es deseable que haya una mayor investigación en las denuncias «cuando se sospeche de que pueda existir ese componente de odio, sobre todo cuando vemos un delito que puede considerarse gratuito». Peñarrubia aclaraba que, por ejemplo, «en una agresión donde no hay una causa aparente, quizá tendremos que estar alerta por si estuviera detrás el delito de odio, es decir, que sea una conducta ilícita que merezca un reproche mayor». Para visibilizar más estas conductas, el Ministerio del Interior ha lanzado una campaña informativa a los ciudadanos.