Tras tres años de trabajo, la Junta de Comunidades ha conseguido que vea la luz su Ley para una Sociedad Libre de Violencia de Género, que vuelve a situar en la región a la cabeza en la lucha contra esta lacra. Y es que, entre otras medidas, se reconoce por primera vez la ‘orfandad absoluta’ de los hijos de las mujeres asesinadas, aunque su padre continúe vivo en la cárcel. Y también se amplía el concepto de víctima, que llega a las madres que hayan perdido a sus hijos a manos de sus parejas o exparejas.
Otra de las novedades de esta ley es su apuesta por la educación, con la inclusión en su articulado de una Asignatura para la Igualdad en los centros educativos de la región. Asignatura que ya está en proceso de pilotaje. 

1. Se reconoce la orfandad absoluta de los hijos de las mujeres asesinadas

Una de las grandes novedades de esta ley es que considera a los hijos de mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas huérfanos absolutos, aunque el progenitor homicida siga con vida. Además, se les reconocerá por primera vez como víctimas en sí mismos de la violencia machista. Todos ello les permitirá acceder a subvenciones y otros recursos habilitados especialmente para este colectivo. Entre otras ayudas,  los niños y niñas que pierdan a sus madres a causa de la violencia de género podrán acceder desde ya a las llamadas ayudas de solidaridad. En este supuesto también se incluyen a los familiares mayores de edad en situación de dependencia. El objetivo no es otro que  garantizar que la pérdida de su madre no suponga perjuicios económicos ni para los menores ni para sus familias de acogida.

2. Se amplía el concepto de violencia

Otras de las novedades de esta ley es que amplía el concepto de violencia de género. La Ley para una Sociedad Libre de Violencia de Género amplía el concepto de violencia machista, porque, como apunta, no todo es violencia física contra la pareja o expareja. De este modo, en esta ley se equipara al grado de violencia de género conceptos como la violencia sexual (incluyendo aquí, agresiones, abusos y acosos), la trata de mujeres, la explotación sexual, el matrimonio servil, la mutilación genital, los delitos vinculados a las redes sociales, especialmente la extorsión y la divulgación de imágenes privadas, el acoso laboral y la privación de los llamados derechos sexuales y reproductivos de la mujer.

3. Las madres también son víctimas

Otra de las novedades de esta nueva ley es que también  considera víctimas de violencia de género a las madres cuyas hijas e hijos sean asesinados por su padre o por el hombre con el que estas tuvieran o hubieran tenido una relación afectiva de pareja, para causarlas un mayor sufrimiento. Esto no contempla a día de hoy en ningún ordenamiento jurídico.

4. La Junta entrará en la lucha por la custodia de los menores

 La nueva ley para una sociedad libre de violencia de género entra de lleno en uno de los temas a debate en la sociedad española a día de hoy: ¿Qué pasa con los hijos de las víctimas de violencia de género? La nueva  normativa autonómica prevé que en los procedimientos penales (básicamente tras un asesinato o un intento de asesinato) la Junta de Comunidades se persone como acusación popular y solicite la privación de la patria potestad al acusado sobre los hijos menores de edad. Lo de personarse como acusación popular es algo que, de facto,  lleva realizando desde hace más de una década el Ejecutivo regional cada vez que se produce una muerte por violencia machista en la comunidad. Cuestión diferente es el tema de la patria potestad sobre los menores, colectivo al que se viene por fin a proteger en esta nueva normativa autonómica.

5. Una asignatura para la Igualdad, Tolerancia y Diversidad

La ley también prevé implantación de una asignatura obligatoria con contenidos relativos a igualdad, diversidad afectivo-sexual y prevención de la violencia de género a impartir tanto en Educación Primaria como en Educación Secundaria Obligatoria.
Una asignatura que, de hecho,  se está implantando de forma piloto desde el pasado curso en diferentes centros de la región y que ya cuenta con la oposición frontal desde algunos sectores de la Iglesia Católica. El objetivo es que esta asignatura esté completamente implantada en 2020.
Además, la nueva Ley incluye la garantía de formación específica y permanente en materia de violencia de género del personal que forma las plantillas de los centros educativos y que tiene contacto directo y trabaja con el alumnado, integrando estos contenidos en los procesos de acceso a la labor docente y a la inspección educativa.

6. Se reconoce la violencia institucional

 En esta ley también se ha introducido, vía enmienda de Podemos, el concepto de violencia institucional como una forma más de violencia contra las mujeres. 
Para la formación morada la inclusión de la violencia institucional era clave y viene a ser cuando las administraciones públicas no asumen la responsabilidad que tienen en materia de prevención y protección. Sería, por ejemplo, no dotar presupuestariamente las medidas destinadas a las mujeres, no dar formación específica a profesionales sanitarios para abordar estos casos o no conceder más recursos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para luchar contra esta lacra social. 
Unido al reconocimiento de la violencia institucional se ha incluido una disposición adicional a esta ley, que obliga a la Junta a reservar fondos para desarrollarla en los presupuestos regionales año.

7. La Junta no trabajará con empresas sancionadas por discriminación laboral

El reconocimiento de la violencia laboral como un tipo más de violencia de género  tiene su primera consecuencia en esta ley, que obliga a a la Junta a no contratar a empresas sancionadas por prácticas laborales discriminatorias. En concreto, la Administración regional se compromete a no formalizar contratos, ni subvencionar, ni bonificar ni prestar ayudas públicas a aquellas empresas sancionadas «por resolución administrativa firme o condenadas por sentencia judicial firme por llevar a cabo prácticas laborales discriminatorias». 
La Junta entiende por violencia laboral «las discriminaciones directas o indirectas sufridas por razón de sexo en materia de acceso al empleo, retribuciones, jornadas, formación, promoción y demás condiciones de trabajo, así como el acoso sexual y por razón de sexo». 

8. STOP a los contenidos sexistas en los medios

Dentro del ámbito de la comunicación, esta ley también prevé la creación de un ‘órgano de vigilancia’ en materia de igualdad, con el objetivo de «adoptar las medidas que procedan a fin de que la publicidad, los medios de comunicación y los contenidos audiovisuales reflejen la violencia de género en toda su complejidad». Una suerte de observatorio que será tanto el encargado de denunciar los contenidos sexistas ante los órganos competentes, como de potenciar el uso de «imágenes positivas, roles y lenguaje inclusivo como herramientas necesarias para disolver las desigualdades de género y, consiguientemente, las diferentes formas de violencia machista». 
Véase aquí la intención de evitar que imágenes como la de la famosa ‘picadora de carne’, usada para ilustrar un asesinato machista la pasada legislatura en televisión autonómica. Tanto es así, que se prevé la «suspensión cautelar la emisión de contenidos» que contravengan esta normativa. 
En el ámbito de la publicidad, «se promoverán acuerdos de autorregulación en todos los medios de comunicación social, en los que se recojan pautas de orientación sobre el tratamiento de la violencia de género y la imagen de las mujeres». 

9. Más ayudas y asesoramiento jurídico y psicológico

La Junta se compromete a garantizar a las víctimas de violencia de género -en todas sus variedades- asesoramiento jurídico previo, así como dirección letrada y defensa en juicio en aquellos procesos en los que esté implicada. 
Además, en caso de homicidios y asesinatos cometidos por razón de género, se prestará asistencia psicológica y jurídica a los familiares hasta segundo grado de consanguinidad con la víctima.
Como se reitera en esta ley, las mujeres víctimas «tienen derecho a recibir una atención integral encaminada a su completa recuperación y autonomía, que garantiza como mínimo el asesoramiento jurídico y psicológico.
 

10. Promover nuevas masculinidades

Dentro del apartado de ‘Prevención y Sensibilización’ se incluye un nuevo punto de vista en materia de violencia de género: el de los hombres. En este sentido, la Junta se compromete a llevar a cabo medidas dirigidas a los hombres «con el fin de abordar la desigualdad de género entre mujeres y hombres y la constitución de nuevas masculinidades». En este ámbito también, el Gobierno regional tendrá que adoptar  el llamado ‘lenguaje no sexista’ tanto para sus campañas institucionales como para el día a día de su gestión.