CSIF pide desarrollar la Ley de Autoridad del Profesorado

La Tribuna
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Así lo ha manifestado en rueda de prensa el presidente de CSIF Educación en Castilla-La Mancha, José Antonio Ranz, quien ha estado acompañado por el responsable provincial de CSIF Educación en Toledo, Enrique Cardenal. @CSIFCLMEDUCA

CSIF ha reclamado que se desarrolle en la región la Ley de Autoridad del Profesorado del 10 de mayo de 2012 que tiene por objeto «reconocer la autoridad del profesorado no universitario y establecer las condiciones básicas de su ejercicio profesional», después de las últimas agresiones a docentes vividas en Castilla-La Mancha.

Ranz ha reclamado igualmente que se aplique el Decreto de Autoridad del Profesorado que se aprobó en la región el 21 de marzo de 2013 que «tiene por finalidad establecer el conjunto de conductas contrarias o gravemente atentatorias y medidas educativas y correctoras aplicables por los centros educativos».

El responsable de CSIF ha explicado que estas actuaciones y reclamaciones son debidas a que el sindicato ha recibido en lo que va de curso escolar 2018/2019 un total de 10 consultas de profesores que han sufrido «agresiones verbales o físicas».

El presidente regional de CSIF Educación ha considerado que es necesario reconocer a los profesores como una autoridad publica y ha indicado que en caso que se produzca «una falta de convivencia» en las aulas deben ser sancionadas «inmediatamente». «Sí un alumno atenta contra las normas del centro no tiene que estar en el aula», ha asegurado.

Además, ha señalado que, cuando se producen agresiones, los docentes afectados deben ser «cuidados» por el Gobierno de Castilla-La Mancha. «Se les debe ayudar cambiándoles de centro si así lo solicitan y también deben recibir terapia psicológica», ha apostillado.

AYUDA PSICOLÓGICA. En este sentido, ha indicado que el sindicato ofrece ayuda psicológica a través del Programa ‘CSIF Ayuda Profes’. También, ha adelantado que CSIF tiene previsto presentar la próxima semana la Oficina de Defensa del Empleado Público para que tanto profesores como profesionales del ámbito público puedan acudir a denunciar las agresiones que sufran en sus trabajos.