La consejera encargada del Plan de Garantías, Inmaculada Herranz, recibió hoy al líder de IU en la región, Juan Ramón Crespo, para analizar la futura Ley de Garantías. Y hubo sintonía en cuanto al texto que hay sobre la mesa. «Nos gusta mucho la música de la ley y bastante la letra», comentó Crespo a la salida de la reunión, «falta algún compás que es la financiación». Es decir, que faltaría dotar la parte de producción.
Crespo le garantizó que IU le va a dar su «apoyo para que esta ley salga adelante y con la financiación adecuada». Cree que es necesario que se apruebe porque considera que es una normativa que «viene a favorecer a las familias más machacadas de nuestra región, familias que llevan pasándolo muy mal». El texto recoge un apartado de garantía de ingresos que primero se intentará cubrir con planes de empleo, pero que también contempla ayudas directas para alcanzar una renta mínima por hogar. «Esta ley viene a dar respuesta a las situaciones más dramáticas de esas familias que no pueden bañar a sus hijos con agua caliente», apuntó.
La consejera responsable de esta normativa reconoció que la Ley «requiere una inversión presupuestaria, es evidente», sobre todo para la parte de garantía de ingresos. Pero señaló que por una parte el texto blinda prestaciones complementarias de ámbitos como el educativo, por ejemplo, que ya estaban en marcha de años anteriores y que no implicarán una inversión mucho mayor de la que se hacía. Aunque asume que es necesario un aumento presupuestario frente a las cuentas regionales de este año, recordó que no supone tanto en comparación con las cifras que maneja la Junta. Calcula que será alrededor del 0,2% del presupuesto total.
«La situación de Castilla-La Mancha en los últimos años ha sido especialmente dramática», recalcó Herranz, «esta ley viene a consolidar derechos que en algunos momentos de la crisis han sido secuestrados». Está convencida de que ayudar a devolver a la ciudadanía unos «niveles mínimos de dignidad».