Las cajas rurales están a día de hoy en el limbo del impuesto hipotecario. Y es que, al no citarlas expresamente el Real Decreto del pasado día 9 como entidades obligadas a pagar esta tasa, necesaria para inscribir la concesión de un préstamo en el Registro de la Propiedad, estarían a priori exentas de pagarlo, como cooperativas de crédito que son.

¿Por qué? Porque según la normativa vigente desde el año 1990, las cajas rurales se consideran «cooperativas protegidas» y, por tanto, libres de pagar el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD), que no es otra cosa que el ya citado impuesto de las hipotecas.

No obstante, esta exención estaba pensada como un beneficio fiscal a la hora de comprar un inmueble, ya que hasta ahora el impuesto recaía en el cliente y no en el prestamista. La cuestión es saber si, con el cambio en la ley hipotecaria impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez, este ‘plus’ seguirá vigente. Muchos técnicos de Hacienda aseguran que sí.

El Gobierno central no opina lo mismo, al menos de momento. Así lo indicaba el pasado martes la secretaria de Estado de Hacienda, Inés María Bardón, que a la salida del Senado insistía en que las cajas rurales y las cooperativas de crédito sí están sujetas al pago de este impuesto. «La disposición derogatoria así lo recoge y si hubiésemos querido realizar alguna excepción lo habríamos hecho, no es necesario modificar el texto de la ley», puesto que la derogatoria abarca la ley de cajas rurales y cooperativas de 1994, explicó.

En esta misma línea, un día antes el Congreso corregía esta ‘error’ de Moncloa a instancia de Ciudadanos. En concreto, la ponencia sobre la ley hipotecaria de la Cámara Baja habría aprobado por unanimidad que «los beneficios fiscales y exenciones» no serían aplicables cuando estas entidades actúen de prestamistas», según informa El Confidencial. No obstante, se trata solo de la ponencia de la futura ley, que no está ni mucho menos aprobada y, por tanto, no tiene ningún valor vinculante en estos momentos.

A LA ESPERA DEL INFORME DE LA PATRONAL. Ante este panorama, la patronal del sector -la Unacc- ha encargado un dictamen jurídico externo para evaluar la situación, según han confirmado fuentes de esta entidad a La Tribuna, aplazando cualquier declaración a las conclusiones de este informe.

Desde las cajas rurales con presencia en la región, Eurocaja Rural y Globalcaja, también han declinado hacer declaraciones a este medio, ante lo confuso de la situación.

Tal y como apuntaba el presidente de Eurocaja Rural, Javier López Martín, el pasado miércoles en un acto público, la entidad «está estudiando» el Real Decreto del Gobierno y no hará manifestaciones hasta tener un «análisis profundo» y con «certidumbre» de la situación. Lo que pretende la entidad es «tener seguridad jurídica», ya que siempre ha cumplido con la legalidad vigente.