La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha tendrá que readmitir a los interinos despedidos el verano de 2012. Así se lo requiere la Sección Segunda de la Sala de los Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla-La Mancha en una sentencia, de la que informó el sindicato UGT ayer por la tarde -al que se sumó en la denuncia STAS Castilla-La Mancha-, en la que falla a favor del recurso presentado por la Federación de Servicios Públicos (FSP) de este sindicato en Castilla-La Mancha.
La sentencia declara nulas las órdenes de la Junta del 20 de agosto de ese mismo año 2012, por las que regulaba las plantillas de funcionarios y del personal sanitario, veterinario y de farmacia de la Administración regional. La secretaria general de FSP UGT Castilla-La Mancha, Carmen Campoy, señaló ayer en declaraciones a La Tribuna que la sentencia dice que hay que «retrotraerse» a la situación que existía antes de la entrada en vigor de estas dos órdenes del 20 de agosto.
Campoy recordó que la Junta decidió amortizar 700 plazas de la Administración, algunas de las cuales estaban vacantes mientras que casi 500 interinos vieron como desaparecía la plaza que estaban ocupando. En concreto, se trata de 492 los interinos despedidos que ahora la Junta tendrá que readmitir, a los que además tendrá que pagarles los salarios adeudados desde esa fecha, así como tendrá que hacerse cargo del pago de las costas procesales.
Y es que la secretaria general de FSP recordó que la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la Junta hasta ese momento recogía esa cantidad de interinos, que fueron «despedidos» al desaparecer las plazas. La cuantía a la que tendrá que hacer frente la Administración aún no está calculada por parte del sindicato, que no obstante seguirá analizando la sentencia que apunta que uno de los motivos fundamentales para fallar a favor de los sindicatos es que la Junta «vulneró el derecho de negociación colectiva», algo que a juicio de FSP UGT Castilla-La Mancha, «supone un serio correctivo al Gobierno regional que no muestra ningún respeto por los representantes sindicales y por las mesas de negociación con la parte social».
necesaria negociación. De todas maneras, Campoy respondió que la sentencia no es considerada como un éxito en tanto en cuanto no es exitoso tener que acudir a los tribunales para defender la representación de los trabajadores. «Un éxito hubiera sido una negociación real», es decir que en el momento en el que la Junta anunció que iba a suprimir plazas los representantes de la Administración se hubieran sentado a negociar con los representantes de esos empleados públicos que resultaron afectados por la medida.
Lo que sí consideran que hace esta sentencia es un «reconocimiento» a la labor de los sindicatos en la defensa de los intereses y derechos de los trabajadores.
Por último, la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia Castilla-La Mancha no es firme, y la Junta tendrá un plazo de diez días para recurrir. Preguntada por si cree que la Junta recurrirá, Campoy afirmó que al igual que está haciendo el sindicato, tendrá que analizar el contenido de la sentencia y analizar cuáles son los pasos a seguir. No obstante, espera que la Administración tome «la mejor decisión».