Día histórico para Castilla-La Mancha. Así lo definió ayer la consejera de Bienestar Social del Ejecutivo, Aurelia Sánchez, tras la reunión del Consejo de Gobierno en el que participó la Plataforma de la Dependencia, una reunión que calificó de «muy positiva y cordial» en la que la Plataforma puso sobre la mesa multitud de propuestas relacionadas con las personas que se encuentran en situación de dependencia, sobre las que la consejera dijo que van a «tomar nota» y a acometerlas y, de hecho, en muchas de ellas ya están trabajando.
En este sentido, Sánchez aseguró que las personas que se encuentran en esa situación van a ser una prioridad para el Gobierno regional, y por ello en este corto espacio de tiempo desde que accedieron al Gobierno están trabajando sobre tres puntos fundamentales. En primer lugar, la titular de Bienestar Social indicó que le vana dar «prioridad presupuestaria, posiblemente ampliable, de cara a la ejecución presupuestaria que estamos preparando para el 2016».
Asimismo, en segundo lugar dijo que pretenden establecer un marco de seguridad jurídica en relación a las personas que se encuentran en situación de dependencia. Y, en tercer lugar, apuntó que están estudiando qué recursos tienen en los servicios provinciales y la cantidad de expedientes acumulados que tienen que resolver.
En cuanto al marco de seguridad jurídica, la consejera señaló que están trabajando y han realizado ya una serie de acciones que pasan por la propuesta de la retirada del recurso de casación a la Orden de 29 de julio que estaba anulada, y por la retirada del Decreto que se encuentra en este momento en el Consejo Consultivo.
En este punto, anunció que se ha creado una Comisión de expertos de reconocido prestigio -tanto empleados públicos como de fuera de la Administración- para comenzar a elaborar la nueva normativa tanto de procedimiento como de compatibilidad y de intensidad de todas las prestaciones de la situación de dependencia.
Del mismo modo, afirmó que los servicios jurídicos de la Consejería están trabajando para dar con el mejor trámite legal para los 15.000 expedientes que se encuentran afectados por la anulación de la Orden de la Dependencia.
expedientes acumulados. En cuanto a la radiografía de los recursos de los servicios provinciales, la titular de Bienestar Social indicó que están comprobando que hay un retraso en la gestión de expedientes «muy grande» y «posiblemente tengamos que plantear un incremento del personal que en las delegaciones provinciales están trabajando en la dependencia».
Además, a esto se suma que el pasado 1 de julio se abrió el plazo para que sean beneficiarios de la dependencia todos aquellos que se encuentran en grado 1 (el más leve) y hay aproximadamente más de 22.000 solicitudes y expedientes que tramitar además de todos los que están en lista de espera, lo que hacen un total de más de 30.000 expedientes pendientes de gestionar.
Por último, Sánchez dijo que también tienen que dar salida a todos los recursos y reclamaciones que se han hecho en contra de toda esta legislación que ha sido anulada y que posteriormente solicitarán que sea derogada.
Por su parte, José Luis Gómez-Ocaña, presidente de la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia de Castilla-La Mancha, manifestó que se habían sentido «raros» porque por primera vez un Gobierno regional les ha escuchado, les ha tendido la mano y les ha dejado exponer la situación de los dependientes en esta comunidad.
Tras cuatro años «duros», la Plataforma se puso a disposición del Ejecutivo castellano-manchego para aportar todo lo que sea necesario «desde la humildad y desde la experiencia» . Pidió «por favor que en Castilla-La Mancha no se vuelva a producir ni una muerte más en dependencia».