UGT denuncia que Educación solo salva 5 plazas de las 134 que iba a suprimir

Redacción
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«El Gobierno del PP en la Junta solo ha salvado cinco plazas de educación después de cuatro días de negociación», lamenta la secretaria del Sector Autonómico de la Federación de Servicios Públicos, Beatriz Tormo, a la salida de la Mesa Sectorial de personal funcionario que se celebró ayer y en la que se ha planteado la eliminación de 773 empleos públicos, entre ellos las plazas de los interinos readmitidos por sentencia judicial.

Ayer se volvió a reunir la Mesa Sectorial de Personal funcionario para estudiar la propuesta de la Junta de amortizar 773 plazas en las que están incluidas las pertenecientes a los interinos reingresados por la sentencia que anula las órdenes del 2012.

Como relata la responsable de UGT, «se trataba de finalizar la propuesta de la Consejería de Educación, única que se ha visto hasta el momento, de la que dependían 134 plazas de la totalidad. Después de cuatro sesiones en las que la parte social ha esgrimido detalladamente, y de una en una, las razones por lo que es necesario el mantenimiento de los puestos de trabajo, la Administración Regional, a través de la Consejería de Educación, lanza una nueva propuesta en la que rescata, ante el estupor de la parte social, sólo cinco puestos de empleados públicos».

Explica que estos puestos pertenecen, tres de ellos a educadores, uno en la Escuela Infantil de Valdepeñas, otro en la Escuela Infantil de Quintanar del Rey y un tercero en el Colegio de Educación especial Ciudad de Toledo. Las otras dos se corresponden con un auxiliar

administrativo en el IES Azarquiel de Toledo y un auxiliar de archivos y bibliotecas en la Biblioteca Pública de Cuenca, aclara Beatriz Tormo.

La Administración representada por la Secretaria General de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte «muestra una vez más prepotencia y chulería, y deja sin valor los argumentos fidedignos de los trabajadores afectados por la amortización y por sus propios compañeros de los centros, los informes de jefes de servicio de la Administración y el trabajo de meses de los sindicatos para recabar información», según Tormo.