Las cuatro asociaciones de jueces han criticado la actuación del Tribunal Supremo ante la sentencia que dictaba que el impuesto de actos jurídicos documentados debía pagarlo el banco y no el cliente, finalmente enmendada por el Pleno de la Sala Tercera de dicho órgano.

Así lo hacían saber a La Tribuna de Albacete los representantes de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Juezas y Jueces para la Democracia (JpD) y Foro Judicial Independiente (FJI).

La representante regional de la APM, Inmaculada Toledo, afirmaba que entendía que la actuación del Tribunal Supremo hubiera creado «malestar entre los ciudadanos», especialmente en « los consumidores que se han visto afectados por una primera resolución, que han visto unas expectativas y posteriormente un cambio de criterio por una unificación de doctrina».

Aunque Toledo criticaba la gestión, afirmaba que no se había actuado de forma irregular. «La gestión ha sido desafortunada, hasta el presidente del TS lo ha dicho, pero  no irregular. Cuando hay diferentes criterios en diferentes secciones, de un mismo órgano colegiado, el presidente convoca un pleno y ahí es donde se determina la posición, para que unos magistrados no impongan su criterio al resto, por eso se hacen los plenos».

Sin embargo, aclaraba que «antes de notificar la primera sentencia se tendría que haber convocado este pleno». Para la magistrada, la solución al problema sería que se «determine claramente en la ley quien tiene que pagar el impuesto», para evitar discrepancias jurídicas.

Aunque las asociaciones de consumidores han mostrado su intención de denunciar lo sucedido ante el  Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Toledo cree que no tiene competencia en este asunto.

MÁS INFORMACIÓN EN EDICIÓN IMPRESA