Parece que el escándalo sobre el cobro de comisiones ilegales durante la etapa del Gobierno de Jordi Pujol era vox populi. O, al menos, así lo dejó entrever ayer el exvicepresidente de la Generalitat José Antonio Carod Rovira, quien aseguró que él denunció en su día, antes que Pasqual Maragall, «lo del 3 por ciento», en alusión al supuesto porcentaje con el que se gravaban las obras públicas en forma de comisiones para financiar CiU. Es más, el también exlíder de ERC agregó que «alguien muy importante» de Convergencia le indicó que la cifra real era «el 5 por ciento».
En una entrevista a Radio Euskadi, Carod aseveró que, con todo su «afecto» a Maragall, el primero que habló de esa práctica ilícita en el Parlament fue él. «Lo que pasa es que, por aquel entonces, ERC éramos cuatro y el gato, éramos muy pocos diputados y nuestro peso en la sociedad catalana y en el Parlamento era más bien modesto», apuntó.
No obstante, indicó que recuerda algo que le tocó «muy directamente» y es que, cuando él denunció lo del porcentaje, «alguien muy importante de CiU se acercó» para decirle: «Esto que es ha dicho es una injuria, una infamia y no es cierto. No es el 3 por ciento, que yo sepa es el 5 por ciento».
A su juicio, «esto no es solo el final político de Pujol», sino que supone «el final de una transición política española en Cataluña, de unos políticos incuestionables, de unos métodos utilizados a partir de mayorías absolutas con impunidad absoluta».
Por otro lado, y en relación a la consulta secesionista, aseguró que no tiene «duda» de que Artur Mas va a convocar el referéndum «de acuerdo con la Ley Catalana», y destacó que «la imagen» del 9 de noviembre puede ser «muy gráfica», la de que «España impide que el pueblo catalán acuda a las urnas y vote pacíficamente».
Además, advirtió de que, si no se lleva a cabo el proceso planeado para el 9-N, se celebrarán unas elecciones «democráticas» previas a una posible independencia.
Sin embargo, desde el Gabinete central estiman todo lo contrario. De hecho, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, volvió a insistir en que no se celebrará la consulta, ya que el Ejecutivo recurrirá ante el Tribunal Constitucional (TC) la Ley de Consultas que pretende aprobar el Parlament, lo que produce de forma automática su suspensión cautelar.
En concreto, la popular argumentó que «cuando el Gobierno impugna una disposición o una resolución de una Comunidad Autónoma y pide su suspensión, una vez que se admite a trámite, se cancela automáticamente». Según apuntó, «no es algo nuevo, es algo que señala nuestra Carta Magna y que se ha aplicado en innumerables ocasiones».
Además, apuntó que el Ejecutivo no se plantea, por el momento, la posibilidad de que el Govern decida sacar las urnas a la calle el 9-N, aún en contra del TC. «No adelantemos acontecimientos», señaló la dirigente, que prefiere, indicó, «creer a Mas cuando dice, que lo ha dicho muchas veces, que respetará la legalidad».
Liderazgo. Mientras tanto, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, afirmó que durante la reunión que mantendrá el próximo miércoles con el president, le va a proponer «renovar entre todos el pacto constitucional que España y Cataluña merecen».
En este sentido, subrayó que va a ofrecer «Constitución» a Mas, con el que el próximo 3 de septiembre mantendrá su primera reunión como líder socialista.
Además, Sánchez apoyó la decisión del máximo dirigente del PSC, Miquel Iceta, que ha señalado que su partido respaldará a CiU en el caso de que esta formación política finalmente no convoque la consulta soberanista. «Creo que con esa propuesta que ha hecho Iceta ha demostrado el liderazgo y la altura política que merece ahora mimos la sociedad española y catalana, que es mucha», recalcó.
Para el madrileño, tanto España como Cataluña «necesitan líderes políticos que antepongan los intereses de la sociedad» a «los intereses partidarios». En su opinión, hay que priorizar «la convivencia a la ruptura» y, por ello, cree que la postura del jefe de los socialistas catalanes «dice mucho y bien» de él y de su forma de hacer política.