El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no esperó ni 24 horas para dar una solución al clamor social que considera injusta la sentencia del Tribunal Supremo sobre el impuesto a las hipotecas y ayer mismo anunció que el Ejecutivo aprobará hoy un real decreto ley de reforma del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados para que los bancos sean quienes finalmente paguen este tributo. 

Sánchez pretende con esta medida corregir a la sección del alto tribunal que innovó la doctrina a mediados de octubre y decidió volver a la jurisprudencia anterior, favorable a las entidades bancarias. 

La decisión se tomó tras dos jornadas de deliberaciones e intensas contradicciones, sin que se superara la fractura existente en la Sala. El fallo salió por 15 votos frente a 13. 

 El Gobierno aseguró que «respeta» la labor y la independencia del poder judicial y señaló que «lamenta» la sentencia del Supremo, ya que «no es positiva ni para las entidades financieras, ni para los jueces ni para los ciudadanos», y añadió que modificando la legislación, quiere garantizar la «seguridad jurídica» y actuar en defensa «siempre» del interés general. 

Así, el presidente subrayó que había hablado con el poder judicial y con poder ejecutivo, dado que muchos ciudadanos compartirán con el Gobierno que comprar una casa es un «gran plan de inversión, pero también un gran plan de vida que debe contar con seguridad jurídica». «Nunca más los ciudadanos pagarán el impuesto de las hipotecas», aseguró. 

 Por ello, afirmó que aprobará hoy este real decreto ley porque «quiere» que este impuesto lo pague la banca «y no la ciudadanía». Así, afirmó que quienes proponen la supresión de esta figura fiscal, en referencia a la propuesta del PP, deben hablar con los presidentes autonómicos para saber si están de acuerdo en perder capacidad recaudatoria, dado que se trata de un impuesto cedido a las regiones. 

«Hay un partido que dice que hay que suprimir un impuesto que nutre las arcas de las comunidades y cuando yo hablo con los presidentes autonómicos lo único que me piden son más recursos económicos. 

Asimismo, el Ejecutivo reclamó responsabilidad a las entidades financieras para no repercutir los costes de los préstamos que se van a anular a los clientes de una hipoteca.

Según Sánchez, con esta reforma del impuesto quedará «claro» y de forma «definitiva» que el pago de la cuota variable del impuesto de AJD en el caso de préstamos hipotecarios corresponderá «siempre» a los bancos y «nunca más» a los ciudadanos. Además, con el objetivo de elevar la protección y los derechos de los clientes financieros, Sánchez ha anunció que remitirá en las próximas semanas a las Cortes la creación de una Autoridad Independiente de protección de clientes financieros, con la intención de garantizar la seguridad jurídica «de todos y para todos». 

Con este mecanismo, se reforzará la protección ante potenciales abusos y se mejorará la capacidad de resolver conflictos financieros. 

Tanto la reforma de la ley como la creación de la Autoridad independiente entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE.