La Policía ha incautado ya 13 millones de euros a la trama de blanqueo liderada por chinos afincados en España que fue desarticulada el pasado martes en el marco de la operación Emperador, en la que el número de arrestados asciende a 83 personas, entre ellas, 17 españoles y 53 de nacionalidad asiática. Además, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, reconoció ayer que habrá más detenciones, con «algún nombre» que puede sorprender. Mientras, la Fiscalía solicitó fianzas de entre 40.000 y 60.000 euros para los primeros acusados que fueron interrogados por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu.

 El director general de la Policía, Ignacio Cosidó, y el Comisario General de Policía Judicial, José García Losada, explicaron que las cantidades económicas incautadas consisten en 10 millones de euros en metálico y otros tres en cuenta, además de distintos objetos, como los diamantes valorados en 600.000 euros que guardaba uno de los arrestados. Según detallaron, el dinero incautado se destinará a un depósito judicial hasta que termine el procedimiento y se celebre el juicio.

 Los responsables no ofrecieron detalles sobre los españoles implicados, pero apuntaron que «esa gente tiene capital en el extranjero, al margen de las autoridades españolas. Por ello, necesitan dinero en metálico en España y esta organización se lo facilitaba a cambio de una transferencia a las cuentas de la trama en China».

Por su parte, el titular de Interior subrayó que esta es «la mayor operación de la historia de la Policía española en la lucha contra el crimen organizado», ya que esta mafia evadía «centenares de millones de euros al año».

Fernández Díaz recordó, asimismo, que está investigación, que se extiende a otros siete países, se ha llevado a cabo gracias a «una extraordinaria cooperación institucional» con la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción, así como con la colaboración policial y judicial internacional.

 En cuanto a la trama, el popular explicó que se trataba de una organización «muy bien estructurada de carácter piramidal» que tenía por objeto principalmente el blanqueo de capitales y la evasión fiscal, algo que afectaba al pequeño y gran comercio español «desde el punto de vista de la competencia desleal».

 Por ello, el ministro indicó que la operación es un «aviso a navegantes» del «empeño» del Ejecutivo en luchar contra el fraude laboral y fiscal, algo que, según subrayó, contribuye a «mejorar la competitividad» española.

Evitar los prejuicios. Mientras, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu comenzó ayer con los primeros interrogatorios a los arrestados. Tras las declaraciones, la Fiscalía solicitó fianzas de entre 40.000 y 60.000 euros. El juez magistrado aún no había adoptado ninguna decisión sobre estas medidas cautelares al no haber finalizado las comparecencias al cierre de esta edición. No obstante, fuentes policiales explicaron que varios detenidos quedaron en libertad con una citación judicial para comparecer en los próximos días.

Por otro lado, China Club Spain, una asociación privada formada por profesionales asiáticos en España, pidió que la sociedad no atienda a «prejuicios de carácter general» como consecuencia de esta operación ni identifique a la comunidad china con los implicados en esta trama.