No son muy frecuentes los delitos contra el patrimonio histórico en Albacete, prueba de ello es que la Guardia Civil solo subraya tres casos de entidad en los últimos tres años cuando se le pregunta sobre la cuestión, mientras que la Policía Nacional tan solo ha intervenido en un caso relativo a la falsificación de obra de Benjamín Palencia.  

La localización el año pasado de un yacimiento en Peñarubia (Elche de la Sierra), que al parecer está expoliado de antiguo, de años atrás; el robo de un cuenco en Libisosa que está por esclarecer en el 2014 y la investigación en 2013 sobre la posible afectación de una obra agrícola a un yacimiento íbero en el Cerro de los Santos que terminó sin responsabilidad, son los tres casos más destacados en los que ha intervenido la benemérita.

En la provincia no existe un grupo exclusivo de Patrimonio Histórico, es la Policía Judicial y el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) quienes se encargan de esclarecer los robos de obras de arte que pudiera haber, tratar de evitar los expolios arqueológicos y el contrabando con las piezas artísticas. «Los expolios en Albacete son de escasa importancia», dicen desde la Guardia Civil, que atribuyen la mayor parte de los mismos a «curiosos excursionistas que se apoderan de ‘recuerdos’».

Hay quienes se apropian de aquello que está a flor de tierra, como pueda ser un resto cerámico; otros sin embargo se arman de azadas y radares para buscar bajo tierra.

Son los llamados piteros, gentes que con detectores de metales rastrean lugares donde saben es posible hallar restos arqueológicos. En los últimos dos años, ocho personas han sido descubiertas en la provincia cometiendo esta ilegalidad.

En Castilla-La Mancha, la ley 4/2013 de Patrimonio Cultural advierte que estos radares, algunos de lo más sofisticados, solo pueden usarse sobre lugares recogidos dentro del Inventario del Patrimonio Cultural con autorización de la Consejería de Cultura. El uso ilegal de detectores, aparte del decomiso de los mismos, puede ser castigado con multas de hasta un millón de euros.

Unas veces el ánimo de estos ‘piteros’, conocidos así por el pitido que emiten los detectores al localizar alguna pieza, es solo el del atesorar piezas antiguas. Otros, sin embargo, buscan ánforas, platos, vasijas, esculturas, monedas e incluso peanas y capiteles de columnas, para venderlas en el mercado negro.

Lo saben bien en Montealegre del Castillo, en cuyo término se encuentran los yacimientos del Cerro de los Santos y el Llano de la Consolación. Francisco Millán, codirector de las últimas excavaciones autorizadas en el lugar donde se halló la Dama Oferente, ha pillado in fraganti a más de un cazatesoros sobre todo en la zona del Llano de la Consolación. «El Llano es una zona más fértil, de tierra de labor, y es fácil ver a gente con detectores de metales en cuando la tierra es labrada y removida», asegura Millán, que tiene en su poder pendientes de entregar al Museo de Albacete unas 30 monedas que la Guardia Civil incautó a un rastreador de metales y una estela funeraria labrada que una mañana un agricultor encontró fuera de su lugar.

«La habían sacado de la calzada en la que estaba incrustada y la tenían preparada en el camino, ya limpia, suponemos que para volver por la noche y llevársela, porque esa pieza se tiene que levantar con una grúa», explica Millán, que ha sido concejal de Cultura durante ocho años en Montealegre del Castillo, pueblo que aspira algún día a hacerse con la propiedad de los terrenos del Cerro de los Santos y así poder vallar el lugar.

Del Llano de la Consolación, donde hay un poblado y una necrópolis ibérica, podrían haber salido centenares de piezas, sobre todo monedas, de todas las épocas, halladas casi por casualidad en Yecla.

sorpresa en yecla. Hace unos tres años, al registrar una finca donde se había plantado marihuana en esta localidad murciana, los agentes policiales descubrieron numerosas piezas arqueológicas y una ingente cantidad de monedas. El juzgado ordenó el depósito cautelar de las piezas en el Museo Arqueológico de Yecla donde están tratando de averiguar el origen del hallazgo. Al parecer, la colección superaría las 2.000 piezas, de las que un 20% podrían ser monedas procedentes del Llano de la Consolación, según explicó Millán a La Tribuna. Una vez que el caso esté resuelto judicialmente, aquellas piezas que se haya probado son de la provincia tendrán que ser enviadas al Museo de Albacete.

«El Cerro de los Santos tiene cuatro hectáreas y es más fácil de proteger, el Llano de la Consolación se extiende a lo largo de 80 hectáreas de olivar, caminos, viñas.... ¿cómo vallas eso, es imposible?», admite Millán, al reflexionar sobre la dificultad de mantener vigilada esta zona.

Los destroza tesoros. La directora del Museo de Albacete, Rubí Sanz, alaba el esfuerzo que realizan los efectivos de la Guardia Civil por mantener vigilados «en la medida que pueden» los lugares de interés arqueológico. Pero no es fácil poner puertas al campo.

Muestra de ello es que sigue habiendo expolios. «Las piezas arqueológicas son de titularidad pública», recuerda taxativa la directora del Museo, por si alguien tuviera alguna duda, y se lamenta de que siga habiendo «amigos de lo ajeno que revientan yacimientos para lucro personal, aunque no lo vendan». «Son destroza tesoros, porque un arqueólogo no excava solo por sacar la pieza, sino para trazar secuencias históricas, y esta gente no discrimina, destrozan estratos y lo que encuentran a su paso con el único ánimo de sacar la pieza».

Entre los expoliadores, cuenta Sanz, los hay autóctonos que actúan cerca de sus domicilios, los domingos por la mañana, en lugares cercarnos a Fuenteálamo, Almansa, Montealegre del Castillo o Pozo Cañada. Hay otros clandestinos, sin embargo, que se hacen muchos kilómetros para ir a la rebusca.

Es el caso de las 10 personas que la Guardia Civil detuvo en 2011 en Valencia, dentro de la Operación Necrópolis que permitió recuperar 9.000 objetos arqueológicos expoliados de yacimientos de Cuenca y Albacete. En concreto, en nuestra provincia habían rastreado el entorno de Villamalea. Armados con azadas, detectores de metales y planos cartográficos, en grupos de tres o cuatro personas, salían al campo de madrugada en busca de los yacimientos ubicados en zonas despobladas del monte y a kilómetros de distancia de carreteras. Los saqueadores se reunían luego en bares para mostrarse las piezas encontradas, muchas eran luego vendidas en mercadillos especializados o a través de intermediarios.

En Albacete, uno de los mayores decomisos de piezas arqueológicas de procedencia ilícita tuvo lugar en 2003, en la bautizada operación Pozo Moro, en honor al monumento funerario ibérico de gran valor hallado casualmente en 1970 en Chinchilla.

En aquella operación dos personas fueron imputadas y 5.000 las piezas intervenidas. Vasijas funerarias, algunas con restos óseos en su interior, puntas de flechas, objetos de cristal, puñales, espadas, cascos metálicos, monedas e incluso restos de esculturas de arte íbero, como un caballo que puede verse en las vitrinas del Museo de Albacete, fueron encontrados en varios registros que se hicieron en Pozo Cañada.  

historias rocambolescas. Estas operaciones no son frecuentes en la provincia, no obstante. En la última década, Rubí Sanz recuerda haber acompañado a tres registros domiciliarios a la Policía Nacional y a la Guardia Civil, uno tuvo lugar en La Roda, otro en Pozo Cañada y el tercero en Albacete.

Su memoria atesora también las históricas cuanto menos curiosas como la de aquel vecino de El Salobral que había encontrado una falcata ibérica y que al encontrarse cara a cara con Rubí Sanz le dijo que hacía ya un mes que la directora del Museo había estado por allí, «alguien me suplantó la personalidad».

O el rocambolesco peregrinar de algunas de las piezas que se custodian en el Museo, como una crátera localizada en Torre Uchea. Esta vasija apareció en los años 60 en una sepultura ibérica que se descubrió al retirar un almendro en esta localidad hellinera. Un sobrino de un cura de la zona, colaborador del Museo, fotografió la pieza y comunicó el hallazgo. Al ir la Guardia Civil a por la pieza, se encontró con que la persona que la tenía se había ido a vivir a Cartagena y resultó imposible localizarlo. 30 años después, la crátera de Torre Uchea apareció en una tienda de antigüedades de Murcia. Al parecer, el hijo del señor que la encontró al que le urgía el dinero la había vendido. La Guardia Civil la descubrió y la hizo llegar al Museo de Albacete.  

No todas las piezas de valor en manos de particulares son ilícitas. La Ley de Patrimonio Histórico de 1985 concedió una amnistía fiscal a todos aquellos que declarasen tener en su poder piezas catalogadas como Bienes de Interés Cultural o que figurasen en el Inventario General, un perdón que sirvió para que más de un poseedor bienes con valor histórico y artístico las sacara del arca y regularizase su propiedad. A partir de esta ley pasó a tener especial protección toda pieza incluida en el Inventario General de Bienes del Patrimonio Artístico, las declaradas Bien de Interés Cultural o aquellas que tienen más de cien años de antigüedad.

Documentar para proteger. Conocer la existencia de los bienes con valor es vital. «La herramienta para la protección es el Inventario del Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha», explica María Teresa Rico, jefa del servicio de Patrimonio, quien asegura que dicha relación está bastante actualizada, «el 80% de los municipios lo han hecho». En este Inventario del Patrimonio Cultural deben aparecer los elementos más significativos, no solo del patrimonio arqueológico, sino también arquitectónico y etnológico.

En 2013, Castilla-La Mancha actualizó su ley de Patrimonio Cultural y en ella trató de ampliarse el criterio para decidir qué bienes tienen valor cultural, «parecía que solo lo más antiguo y lo más monumental tenía valor, cuando también es importante proteger los elementos de la tierra, el patrimonio etnológico, de lo contrario nuestros hijos no sabrán lo que es una almazara o cómo se construye en La Mancha». La clave para su protección, insiste Rico, es documentarlo.

Y para eso están los Inventarios, lo que antes se conocía como carta arqueológica. En estos documentos no solo se recogen los yacimientos conocidos, también deben reflejarse zonas de potencial arqueológico y mapas de riesgo. Los datos exactos de estos documentos no se hacen públicos «para evitar expolios». Pero sí que deben servir no solo para evitar posibles robos, sino también para exigir estudios de valoración de posibles afecciones, por ejemplo, cuando se va a autorizar una obra.