Cuando el 27 de enero de 2017, apenas una semana después de acceder a la Presidencia de EEUU, Donald Trump decretó un veto migratorio para inmigrantes de siete países de mayoría musulmana -Siria, Irán, Sudán, Libia, Somalia, Yemen e Irak-, comenzó una batalla judicial sin piedad, que se llevó por delante, incluso, a la entonces fiscal general, Sally Yates, por negarse a defender la orden. Tras un sinfín de idas y vueltas, con prohibiciones de los magistrados y nuevas versiones del documento -la última, el pasado septiembre-, ayer el Supremo decidió respaldar la medida, en una determinación calificada de «tremenda victoria» por el propio Trump.

Por cinco votos a cuatro -la mayoría conservadora inclinó la balanza-, los magistrados del tribunal  zanjaron la batalla y mantuvieron la prohibición de entrada a personas de Irán, Libia, Siria, Yemen, Corea del Norte y Venezuela.