El presidente de la Generalitat catalana, Quim Torra, volvió ayer a desafiar a la Justicia asegurando que no pedirá el acta a los seis diputados -incluyendo Puigdemont- suspendidos de cargo público por el juez del Supremo Pablo Llarena, y consideró que esta decisión, que calificó de indecente, «ataca directamente a la soberanía del Parlament». Lo dijo en una rueda de prensa desde Edimburgo (Escocia) junto a la exconsellera Clara Ponsatí, huida en Escocia, después de haberse reunido con ella. 

«Volvemos a ver de nuevo cómo la separación de poderes en España es un mito y la lucha de Cataluña no es contra el Gobierno sino contra el conjunto de poderes estatales», subrayó. 

 El gerundense, que se vio con la ministra principal escocesa, Nicola Sturgeon, sostuvo que su región puede «aprender mucho» de cómo el Ejecutivo escocés está gestionando un segundo referéndum, al tiempo que anunció que debatirá con los dirigentes de esa zona sobre el apoyo que pueden dar a Cataluña. 

Tras reconocer que para la Comunidad es «muy difícil» cambiar la postura que tienen sobre el procés algunos países europeos, recalcó que sí pueden dirigirse directamente a los ciudadanos del continente apelando a los derechos humanos. «El independentismo catalán ha hecho que Europa ponga su atención en lo que está pasando en España y se dé cuenta de que aún hay franquismo en las calles, revueltas fascistas y una regresión democrática», alertó el político secesionista, para quien España debe decidir si quiere ser Escocia o Turquía. 

Ponsatí agradeció al president el apoyo e indicó que en este proceso judicial sus derechos humanos «no es que estén amenazados, es que están destruidos». 

 Además, el jefe de la Generalitat, que hoy visitará a los exconsejeros Rull, Turull y Forn -ayer llegaron a la prisión de  Lledoners-, defendió a la exconsellera de las críticas recibidas por sus declaraciones sobre que el Govern iba de farol con la independencia: «Damos la bienvenida a estas críticas».