El último capítulo de este enfrentamiento entre la Junta y los sindicatos llega en torno a la negociación del convenio colectivo del personal laboral de la Administración, donde el Ejecutivo plantea la extinción de parte del grupo 4 (en concreto la categoría de personal de mantenimiento) y del grupo 5 (peones, personal de limpieza y ordenanzas).

Los sindicatos se oponen en bloque a esta medida, presentada en la última reunión mantenida entre las partes, el jueves, día 6. Por eso, su respuesta ante la «imposición» de la Junta pasa por el anuncio de nuevas movilizaciones. Y si el Gobierno no diera marcha atrás, no descartan judicializar este conflicto laboral.

La extinción de estas categorías profesionales, si bien no implicaría a priori despidos, sí que hipotecaría las condiciones laborales de los más de 3.000 trabajadores afectados, según explican los sindicatos. Por ejemplo, no podrán optar a traslados voluntarios -aunque sí podrán sufrir traslados forzosos- y perderían el derecho a la jubilación parcial.

En cuanto a los nuevos contratos que se firmen, podrían sellarse con sueldos de 600 ó 700 euros al mes, frente a los mil actuales, siempre según los sindicatos.

El consejero de Presidencia y Administraciones Públicas, a preguntas de los medios durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, garantizó ayer que la amortización de plazas del Personal Laboral de la Administración regional «no implica ningún despido» y aseguró que «es una medida muy garantista de la estabilidad del empleo».

Leandro Esteban indicó que está medida está «siendo debatida y evaluada», negociación que se lleva prolongando durante «mucho tiempo», dijo, al tiempo que señaló que hasta que el Ejecutivo «no tenga un planteamiento claro» en esta negociación del convenio colectivo van a seguir «intercambiando opiniones y discutiendo con los sindicatos».