Extremadura presentó esta semana un informe económico con los resultados por comunidades autónomas de la aplicación del principio de ordinalidad en la financiación autonómica, asumido por el PSOE en su reunión del Consejo Territorial de Granada, celebrada el pasado 6 de julio. Según estos cálculos del gobierno extremeño, presidido por el PP en coalición con IU, Castilla-La Mancha perdería entre 252 y 432 millones de euros en financiación autonómica de aplicarse este principio.

Los socialistas proponen tomar como referencia el modelo del federalismo alemán, que supone la aplicación del principio de ordinalidad, constantemente reclamado desde Cataluña en los últimos años.

Reclamaciones catalanas.Según ese principio, las comunidades más ricas o que más recursos aportan a la caja común no deben verse perjudicadas o agraviadas en su posición de renta por habitante por los efectos de los mecanismos de solidaridad y nivelación.

En la práctica, y en virtud del principio de ordinalidad, Cataluña reclama que en el reparto de fondos del sistema de financiación autonómica se respete su posición como tercera comunidad con mayor capacidad fiscal por habitante o la cuarta en PIB per cápita.

Así, la Generalitat se queja de que, una vez aplicados los fondos de garantía, suficiencia, cooperación y competitividad, el nuevo sistema de financiación (construido a partir de las directrices de la propia Cataluña) les sigue dejando con menos recursos por habitante que la media. Por otro lado, si se trata de inversiones, Cataluña exige que se le asignen cantidades en proporción al peso de su PIB sobre el total nacional

El Gobierno extremeño ha evaluado la inclusión del principio de ordinalidad en el sistema de financiación autonómica para ver qué repercusión económica tendría su eventual aplicación para tratar de averiguar qué efectos supondría sobre los recursos que recibe actualmente cada comunidad autónoma, sobre la base de los datos de la liquidación correspondiente al año 2010 (última disponible).

En una primera simulación, el punto de partida consiste en establecer la capacidad tributaria per cápita de cada comunidad. Así, según esta simulación, la media de los recursos financieros por habitante ajustado es de 2.287 euros, aunque este importe no lo alcanza Galicia, Andalucía, Murcia, Valencia, Castilla-La Mancha (1.900 euros), Canarias, Extremadura y Castilla y León.

Tras hacer los ajustes pertinentes, la diferencia con respecto a los recursos totales recogidos en la liquidación del año 2010 arroja notables diferencias. Madrid, con 4.061 millones más; Baleares, con 360 millones más; y Cataluña, con 314 millones más, son las grandes beneficiarias.

Por el lado opuesto, Andalucía, con 1.301 millones menos; Galicia, con 990 millones menos, y Extremadura, con 523 millones menos, se convertirían en las grandes perjudicadas por esta aplicación concreta del principio de ordinalidad, mientras que Castilla-La Mancha perdería 252 millones de euros.

Versión alternativa. El Gobierno extremeño también ha hecho un segundo cálculo alternativo tomando los datos de capacidad fiscal en términos normativos para repartir el total de financiación homogénera que aparece en la liquidación. En este supuesto, el resultado es aún más beneficioso para Cataluña y más perjudicial para Castilla-La Mancha. Así, la comunidad catalana conseguiría 1.519 millones más que los que le han correspondido, frente a los 314 millones que ganaba con el cálculo anterior. Madrid mantiene una cifra casi idéntica, mientras que Castilla-La Mancha perdería 432 millones de euros.