Solo queda un paso por dar para que los empleados públicos de la Junta vuelvan a la semana laboral de 35 horas (ahora mismo hacen 37 y media). Ayer los votos de PSOEy Podemos incorporaron esta modificación en la proposición de ley que se está debatiendo en las Cortes para que los funcionarios también puedan retrasar voluntariamente su jubilación. Una vez que se ha celebrado la Comisión de Asuntos Generales, solo falta que esta proposición de ley se apruebe definitivamente en pleno, algo que podría hacerse la semana próxima incluso. Aun así, la ley no entrará en vigor hasta el 1 de enero.
No habrá problemas en que la semana de 35 horas semanales y el retraso de la jubilación salgan adelante en las Cortes, porque tienen el voto garantizado de Podemos y PSOE, que entre los dos hacen mayoría absoluta. Sin embargo, parece que no se aprobará por unanimidad. Al menos es lo que pasó ayer cuando el PP se abstuvo a la hora de votar esta proposición de ley. El diputado popular Lorenzo Robisco explicó que se abstienen porque el Gobierno no ha presentado sus presupuestos y, por lo tanto, entienden que a esta medida le falta respaldo financiero. «No sirve de nada legislar si después no hay un amparo económico», recalcó. De hecho, Robisco aseguró que votarían a favor de estos cambios si conocieran el «marco presupuestario» para acometer estas medidas.
Esta justificación no le valió al PSOE. Así se lo expuso la portavoz Blanca Fernández:«Si están a favor de que volvamos a las 35 horas, voten esas enmiendas». El debate incluso derivó en la situación económica que hay en la región. Según el PP, Castilla-La Mancha «está mejor que hace un año, que hace dos y hace tres»y por eso el nuevo Gobierno puede tomar esta medida. La socialista Blanca Fernández puso en duda esa situación de mejoría económica. «Tenemos una deuda pública disparada, que nos hace tener encima la espada de Damocles», señaló.
Ayuntamientos y servicios sociales.
La Comisión de ayer también debatió otra proposición de ley, la que intenta garantizar que los ayuntamientos puedan seguir prestando servicios sociales a sus ciudadanos a partir del 1 de enero, cuando entre en vigor la normativa nacional que reordena las competencias entre municipios y comunidades. La portavoz del PSOE, Blanca Fernández, explicó que con esta reforma quieren «contrarrestar los efectos perniciosos de esta ley». Por eso criticó que el PPhaya presentado una enmienda para suprimir que los ayuntamientos puedan seguir prestando esas competencias que se llaman impropias y que lo hagan con seguridad jurídica. Junto con Podemos rechazaron ésta y el resto de las enmiendas.
El diputado popular Lorenzo Robisco explicó que sus enmiendas querían fijar que las comunidades «ejerzan el control y la responsabilidad» de las competencias que le son propias y que «las competencias de las comunidades no deben sufragarlas las entidades locales».