Cospedal pide al TSJ que «aclare» qué hay que hacer con los interinos

LA TRIBUNA
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La presidenta regional advierte que la sentencia no explica «si tiene que volver a crear estos puestos de trabajo» y recuerda que los interinos «no tienen plaza en propiedad»

Cospedal pide al TSJ que «aclare» qué hay que hacer con los interinos - Foto: Víctor Ballesteros

La presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, anunció ayer que el Ejecutivo que preside pedirá «seguramente» al Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) una «aclaración» de la sentencia que condena a la Junta a readmitir a los interinos despedidos en agosto de 2012, para saber de que manera tiene que aplicar esta sentencia.

En una entrevista en cadena COPE, indicó que pedirán al Alto Tribunal castellano-manchego esta aclaración pues desconocen «si tiene que volver a crear estos puestos de trabajo».

Una cantidad «ingente» de dinero. También preguntarán al TSJCM con cargo a qué parida presupuestaria tienen que aplicar esta medida, porque esta partida no consta en el proyecto de presupuestos de la Junta para 2014 y «es una cantidad ingente de dinero», aseguró Cospedal.

Asimismo, la presidenta regional quiso dejar claro que estas personas son interinos «que hace una función concreto durante un tiempo», por lo tanto «no tiene su plaza en propiedad» y no es personal funcionario.

Por otra parte, en el transcurso de la entrevista, la presidenta ha destacado que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha sido el primero en acometer «una reforma importantísima», en el ámbito de la Administración general, eliminando todos los organismos duplicados que sean reproducción de lo que hay en el Estado.

Además, la presidenta recordó cómo en esta región se ha llevado a cabo una propuesta de reducción a la mitad del número de diputados y la eliminación de salarios fijos de los parlamentarios, con grandes ajustes en la administración, «empezando por nosotros mismos».

Horas antes, el Gobierno regional ya había informado en un comunicado a los medios de su intención de interponer un recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra esta sentencia.  Según apunta,  el escrito de conclusiones emitido por el Ministerio Fiscal señala que los indicios apuntados por los sindicatos no habían sido acreditados o no tenían la suficiente entidad para concluir en la vulneración del derecho fundamental denunciado.