Los trabajadores del Consorcio Provincial de Consumo han iniciado una campaña en defensa del servicio que prestan, ante la posibilidad de que la Diputación Provincial cierre este servicio, planteada en el último Pleno que celebró la institución.
Carmen Juste, secretaria provincial de la Federación de Servicios al Ciudadano de CCOO, mostraba ayer su apoyo a esa iniciativa y a «los trabajadores de un servicio que consideramos esencial». Sobre este, destacó que cuenta con 56 oficinas de atención y «presta servicio a unos 80.000 vecinos de la provincia» y pidió a la Diputación que «tenga en cuenta el esfuerzo de sus trabajadores antes de tomar una decisión».
En nombre de la plantilla, Luis Roncero aseguró que «estamos profundamente preocupados, porque no existen motivos económicos, o de otro tipo, que justifiquen un cierre. Aún se está a tiempo de reconducir la situación y, por ello, hemos solicitado una reunión con el presidente de la Diputación para clarificar la situación».
Mientras, desde la institución ya se apuntó que no hay una decisión tomada y, durante el Pleno, se aludió a la salida del Consorcio de 16 ayuntamientos gobernados por el PSOE como una de las causas de la situación actual. Al respecto, Rosa Navarro, delegada de Personal en el Consorcio, explicó que desde ese partido informaron de que «esos pueblos se están planteando volver».
actuaciones. En cuanto al servicio que presta la entidad, fundada en 1990, Roncero explicó que «ha llegado donde nunca antes se había hecho en materia de defensa de los derechos del consumidor». «Ha costado mucho que los ciudadanos confíen en las instituciones para defenderlos, especialmente en el medio rural, y con mucho trabajo se ha conseguido», añadió, citando por ejemplo que en 2013 se atendieron unas 2.300 consultas y cerca de 900 reclamaciones. Además, el trabajador del Consorcio explicó que la campaña ha conseguido más de 1.500 firmas en tres días, así como el apoyo de asociaciones de consumidores y otros colectivos.
Por su parte, Navarro destacaba que fueron más de 16.000 las actuaciones totales que llevó a cabo el Consorcio, entre las que también se cuentan campañas de información e inspección, merced a las cuales «en 2013 se retiraron más de 400 artículos peligrosos de establecimientos».
Banca, telefonía o energía eléctrica son los sectores que acumulan buena parte de las consultas, según Roncero, quien puso como ejemplo de efectividad que «en un sólo pueblo, se reembolsaron 8.000 euros a los consumidores en un año».