Durante el último medio siglo los museos han recorrido un largo camino en paralelo con la evolución democrática de las sociedades a las que han servido y sirven. El progresivo desarrollo de la sociedad occidental, la generalización de la cultura del ocio y la transformación de la cultura en un fenómeno de masas, han contribuido a una profunda renovación conceptual de los museos ampliando su tipología, contenidos y funciones. En sí, los museos conservan una parte fundamental de nuestro patrimonio cultural, bienes de dominio público en su inmensa mayoría, cuya gestión constituye una responsabilidad ineludible de las administraciones públicas.

Con la plena asunción de su carácter  de servicio público, el museo logrará un mayor nivel de satisfacción entre los ciudadanos, aspecto este de capital importancia para fomentar los usos culturales en la sociedad. Y para ofrecer ese servicio público de calidad el museo precisa de medios materiales y humanos suficientes: un edificio adecuado, instalaciones acordes con su función, la estructura de personal necesaria, los recursos financieros que hagan posible el desarrollo de sus funciones con normalidad y eficacia, etc. Requisitos, todos ellos, que requieren del esfuerzo no sólo de la Administración, sino de la sociedad en su conjunto, a través del voluntariado y de otras formas activas de participación y colaboración.

El director general de Cultura de la Junta de Comunidades, Francisco Javier Morales Hervás, explicó que cualquier institución museística precisa de financiación para mantener, incrementar y mejorar las colecciones, los recursos humanos disponibles y, en suma, su oferta cultural, es decir, los servicios que presta a la ciudadanía.

La creciente demanda de servicios culturales hace inviable su sostenimiento por parte de la Administración, de manera que resulta imprescindible establecer un marco normativo que posibilite la incorporación de fórmulas novedosas para optimizar los recursos disponibles y mantener el firme compromiso de servicio público de calidad que demandan los ciudadanos, mediante la participación de la sociedad en la gestión económica de las instituciones museísticas.

Este marco normativo lo ofrece la Ley 2/2014, de 8 de mayo, de Museos de Castilla-La Mancha. Una Ley «necesaria», según Morales, pues aunque la Ley 4/1990, de 30 de mayo, del Patrimonio Histórico de Castilla-La Mancha, hacía mención a los museos, se había producido en los últimos años un profundo cambio en el ámbito museístico que aconsejaba la redacción de una ley dedicada exclusivamente a regular las instituciones museísticas en Castilla-La Mancha, entendiendo éstas con un sentido mucho más amplio que el concepto tradicional de museo.

Asimismo, era necesario vincular la gestión de las instituciones museísticas con proyectos sostenibles que aseguren su viabilidad, «dando entrada a la iniciativa privada en los diferentes niveles de su gestión».

Morales explicó que en la comunidad autónoma existen, actualmente, 170 instituciones museísticas, pero el 80% «no cumplían -a la llegada de María Dolores Cospedal a la Presidencia de la Junta de Comunidades- unos criterios mínimos para ser consideradas estrictamente museos». «Anteriormente se daba el calificativo de museo muy alegremente y entendíamos que no todo tenía que ser un museo». Así, la Ley de Museos de Castilla-La Mancha diferencia entre museo, colección museística y centro de interpretación, lo que permite -añadió Morales- calificar con más detalle cada institución y darle a cada una la importancia que merece.

Entidades abiertas y dinámicas. El Gobierno regional también pretende con la nueva Ley que las instituciones museísticas de la región sean «abiertas» y «dinámicas», «que no se abra un museo, por ejemplo, y esté 20 años igual, sino que periódicamente se vaya actualizando, incorporando las nuevas tecnologías y que sean accesibles a las personas con discapacidad». En este sentido, informó de que para 2015 se ha reservado una partida económica en los Presupuestos regionales para destinarla a hacer más accesibles las instituciones museísticas de la comunidad autónoma, empezando por el Museo de Albacete.

«Con todo esto vamos a contribuir a hacer de Castilla-La Mancha una región más atractiva», dijo. No obstante, Morales recordó que la mayoría del patrimonio de la región se muestra en los museos, pues cumplen una función de divulgación y presentación y, por eso, «cuanto mejor los presentemos, más eficientes serán».

La nueva Ley persigue, por tanto, racionalizar el funcionamiento, mejorar la organización y asegurar la financiación «porque es cierto que, aunque estamos saliendo de la crisis, necesitamos asegurar unos niveles mínimos de financiación para que los museos no estén al albur de que venga una nueva  crisis».

Es por ello, que el Gobierno de María Dolores Cospedal ha abierto la capacidad de financiación de las instituciones museísticas para que su mantenimiento no recaiga en su totalidad sobre los hombros de la Administración, sino «que se abran a las entidades privadas para que se puedan autofinanciar».

«El problema de antes es que todo caía sobre las espaldas del sector público, en definitiva, sobre los ciudadanos. Ahora vemos que determinados colectivos nos solicitan las salas de los museos para celebraciones o reuniones. Esto deja dinero que repercute directamente en el mantenimiento de los museos», recalcó Morales.

Es decir, que si una entidad privada desea realizar una actividad en alguno de los museos existentes en Castilla-La Mancha, debe saber que lo puede llevar a cabo pagando una tasa. «Que sepa que tiene los museos abiertos», animó el director general de Cultura, pero no solo los museos, sino también los yacimientos arqueológicos. «Si abrimos los museos y los yacimientos contribuimos a generar empleo», defendió Morales, que es otro de los objetivos de la Ley. «Que sean focos de empleabilidad», apostilló. «Lo que queremos es que sean entidades vivas, abiertas, y que la colaboración público-privada permita que se genere movimiento económico», concluyó.