El pasado 11 de julio, el Consejo de Ministros aprobó, a instancias del Ministerio de Industria, la Agenda para el fortalecimiento del sector industrial en España con 10 líneas básicas de actuación y 97 medidas que buscan alcanzar el objetivo marcado por la Comisión Europea: que el peso de la industria en el PIB en España pase del 15,9% actual al 20% en el año 2020. 

Este diario ha tenido acceso al documento completo en el que se detallan esas medidas concretas que van desde acciones como aumentar la altura y carga de los camiones para reducir el coste del transporte, hasta incrementar la flexibilidad laboral en lo que se refiere a movilidad geográfica y cambio de puesto o función, pasando por el apoyo explícito a la explotación del gas natural no convencional (fracturación hidráulica) para conseguir un suministro energético estable. 

Según señaló el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, «hay cuestiones que tienen que ver con la logística, con la innovación, con la tecnologías de la información y la comunicación, con la internacionalización de la PYME, con el apoyo y el fomento de la exportación». 

El documento aprobado por el Ejecutivo tiene su base en el Estudio para el fortalecimiento y desarrollo del sector industrial en España elaborado «sin coste» por la auditora Boston Consulting Group (BCG), que fue presentado el pasado 30 de octubre. A raíz de ese estudio se pidió la aportación de ideas a sindicatos y organizaciones empresariales, además de otras entidades y organismos públicos y privados implicados. 

 

en un futuro cercano. El resultado es esta Agenda con un decálogo de líneas de trabajo divididas en cuatro actuaciones en el ámbito nacional, dos en el internacional y cuatro mas de carácter trasversal. Todas ellas encaminadas a que la industria española se convierta «en los próximos años en uno de los motores de nuestra economía». 

Respecto a las medidas nacionales, la Agenda propone cuatro actuaciones, cada una acompañada de medidas concretas. Por un lado, establece estimular la demanda nacional para lo que recomienda, entre otras cosas, seguir impulsando planes de renovación del parque automovilístico, como el PIME y el PIVE, y el lanzamiento de campañas para potenciar la marca made in Spain.

Este primer paquete de medidas, que incluyen también «un nuevo ciclo inversor en I+D militar» y el estímulo de «la compra pública, implican un aumento del gasto. Sin embargo, según Soria, no pone en peligro el cumplimiento del objetivo de déficit ya que, «por ejemplo, los planes de incentivos al vehículo eficiente, el PIVE» impulsa la fabricación de nuevos automóviles. 

 

COMPETITIVIDAD. La segunda línea de actuación nacional es la mejora de la competitividad. El documento afirma que, aunque se ha producido un reducción de los costes laborales que han aumentado la competitividad de las empresas, «aún existe potencial de ahorro». ¿Cómo? Por ejemplo, propone «un incremento de la flexibilidad laboral, tanto geográfica como de horarios y funciones». 

Para lograr ese mismo objetivo de mayor competitividad, el Gobierno pretende reducir los costes de transporte aumentando «la altura y carga de los camiones». 

«Asegurar un suministro energético estable, competitivo y sostenible» es la tercera línea de actuación en el ámbito nacional que establece la Agenda elaborada por Industria. En este sentido argumenta que el coste eléctrico de las empresas industriales en España es un 10% superior al coste medio de la Unión Europea. A juicio del Ministerio, reducir esa diferencia requiere impulsar el «mercado interior en el ámbito energético».

La última línea de actuación nacional aboga por «reforzar la estabilidad y uniformidad del marco regulatorio español». El país ocupa el puesto 44 en el ránking de países donde es más fácil hacer negocio en función de sus leyes. Una asignatura pendiente que, a juicio del ministerio, debe ser corregida. 

La Agenda contempla, asimismo, dos líneas de actuación en el ámbito internacional que pasan por «apoyar la internacionalización de las empresas industriales» y por «orientar la capacidad de influencia de España a la defensa de sus intereses industriales». En este sentido planea «potenciar la diplomacia comercial (embajadas y oficinas comerciales) para reforzar el apoyo al sector industrial en la política exterior de España». 

Por último, el documento aprobado por el Gobierno establece cuatro líneas de actuación «transversales», es decir, que afectan a todas las demás. Estas son: incrementar la eficiencia y la orientación al mercado y a los retos de la sociedad de la I+D+i; apoyar el crecimiento y la profesionalización de las PYME españolas; adaptar el modelo educativo a las necesidades de las empresas y aumentar el peso de la financiación no convencional en las empresas industriales.