Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil arrestaron en la mañana de ayer al expolítico y banquero José Luis Olivas, junto a otras ocho personas en el marco de la denominada operación Coral. Están acusados de diversos delitos de corrupción derivados de las actividades desarrolladas por Bancaja y Banco de Valencia, según informaron fuentes de la investigación.
Olivas, quien fue presidente de la Generalitat Valenciana entre 2002 y 2003 por el PP en sustitución de Eduardo Zaplana, fue presidente tanto de Bancaja como de Banco de Valencia. El resto de detenidos son también exaltos cargos de ambas entidades y dos empresarios. Los arrestos tuvieron lugar en Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante y Palma de Mallorca. Además, se practicron seis registros en domicilios y empresas de Barcelona y Valencia.
La operación tiene relación con la concesión de una serie de créditos bancarios para desarrollar operaciones en el Caribe que, según creen los investigadores, se concedieron sin cumplir los requisitos necesarios. Asimismo, se precisó que los dos empresarios detenidos son los propietarios del grupo Mar Confort, Juan Ferri y José Baldó.
La Guardia Civil confirmó esta operación por medio de un comunicado en el que no citaba las identidades de los detenidos, pero sí precisa los delitos que se les imputan presuntamente: apropiación indebida, administración desleal, blanqueo de capitales, corrupción entre particulares y falsedad documental.
La investigación se inició en el 2014 como consecuencia de una denuncia presentada por el representante legal de Bankia S.A., tras la intervención por el Banco de España del Banco de Valencia. En ésta, se informaba de irregularidades en la concesión de varios préstamos al Grupo Gran Coral para la inversión inmobiliaria en el Caribe mejicano, eludiendo los procedimientos de control interno de las entidades financieras. El grupo empresarial fue creado por varios empresarios del levante con la participación societaria de las propias entidades que financiaban las operaciones inmobiliarias.
En el análisis de la información recabada en relación a las operaciones investigadas se apreciaba el trato de favor dispensado por las entidades financieras a la citada sociedad que, una vez recibida la correspondiente financiación para los diferentes proyectos, desviaron más de 130 millones de dólares a Andorra y Suiza mediante una elaborada ingeniería financiera y la interposición de sociedades instrumentales.
Los préstamos financieros para la inversión en seis operaciones inmobiliarias en el Caribe Mexicano, superaron ampliamente 500 millones de dólares, operaciones que supusieron para las entidades señaladas un quebranto económico de más de 250 millones, según un informe del Banco de España.