Asaja ha decidido romper con el ‘discurso oficial’ en torno a lo favorable que resulta para los intereses de Castilla-La Mancha la nueva política hídrica emprendida por el Gobierno de Pedro Sánchez y no duda en afirmar que no comparte «el concepto de política de agua» de Moncloa. Y es que, como apunta su secretario general en la región, José María Fresneda, «me preocupa que todo el mundo quiera ver los ríos llenos de patos y no entiendan que los agricultores y los patos conviven perfectamente».
Una más que clara declaración de intenciones de la patronal agraria, sobre todo si se tiene en cuenta que se ha realizado en el marco de una reunión con Podemos, socio del PSOE en los Gobiernos central y regional y con la que estrena una ambiciosa ronda de contactos con el conjunto de partidos políticos.
Ambiciosa por su objetivo, que sería el de ‘sacar’ a los políticos compromiso «reales y contundentes» para el campo regional de cara a las elecciones autonómicas de mayo, como confiesa Fresenda. Elecciones donde el agua volverá a ser la protagonista de más de una batalla.
Asaja ya lo avisa: «estaremos al lado de quien suscriba con nosotros esa reivindicación y la forma de conseguirlo». Una advertencia que viene de la organización agraria con mayor peso específico de la región a día de hoy y que parece cansada de los «discursos», que ya «han hecho mucho daño a los agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha».
Lo primero, según Fresenda, es garantizar las necesidades de agua del sector agrario en Castilla-La Mancha, que arrastra un «déficit» de regadíos del 13% con respecto a la media estatal. Las cifras que pide Asaja ya se han dicho muchas veces: 1.500 hectómetros cúbicos de agua y 500.000 hectáreas de regadío en un horizonte de 20 años.
No obstante Asaja no quiere entrar en la ‘guerra’ por el agua con Murcia. Según apunta Fresneda, «es su circo personal» y «lo hacen muy bien».
Pero no todo es agua, a esta reuniones también se llevará la gestión de la PAC, la falta de transparencia de las bodegas y las «políticas conservacionistas» de la Junta, «con las que no estamos de acuerdo». Sería el caso de la reforma de la ley de caza y, sobre todo, la nueva regulación de las Zonas de Especial Protección para Aves, que la patronal agraria ha llevado incluso a los tribunales.