La consejera de Agricultura de Castilla-La Mancha, María Luisa Soriano, defendió ayer que la nueva reforma de la Política Agrícola Común (PAC) limite «al máximo» la transferencia de fondos europeos entre los distintos sectores agrícolas, y calificó esta cuestión de «fundamental» para los intereses de la región.

María Luisa Soriano hizo este planteamiento en la reunión del Consejo Consultivo de Política Agrícola para Asuntos Comunitarios, donde el Ministerio y las comunidades autónomas prepararon el próximo Consejo de Ministros de la Unión Europea sobre esta cuestión.

En el encuentro, el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, hizo un breve repaso de los diferentes reglamentos que regularán la aplicación de la PAC y ofreció un resumen de las primeras conclusiones de las reuniones de los grupos de alto nivel comunitarios que están analizando a lo largo de este mes el desarrollo de los mismos.

La titular de Agricultura explicó que ahora se trata de «afinar» algunas cuestiones que quedaron pendientes tras los acuerdos alcanzados en la última reunión de la Conferencia Sectorial del mes de julio, como la delimitación del número de comarcas agrarias en cada comunidad autónoma.

En este sentido, reconoció que todavía no se ha fijado esta última cuestión, y que será uno de los referentes básicos para la percepción de las ayudas de la PAC.

Durante su intervención, Soriano también defendió la necesidad de que las ayudas acopladas vayan orientadas fundamentalmente a los ganaderos sin tierra o que dispongan de pocas, y que también se tenga en cuenta aquellas comarcas con limitaciones naturales en la distribución de fondos comunitarios.

«En Castilla-La Mancha tenemos zonas con estas limitaciones, provocadas fundamentalmente por la falta de agua, como consecuencia de tener acuíferos sobreexplotados o por la limitación de utilizar más agua, y necesitamos que se atiendan, porque la falta de agua es una limitación muy importante en el sector de la agricultura», afirmó.

Finalmente, reconoció que los múltiples encuentros que está manteniendo este mes con las asociaciones agrarias y las cooperativas agroalimentarias se están centrando en explicarles los acuerdos alcanzados en la última reunión sectorial, donde se fijaron los criterios para la aplicación de la reforma de la PAC, que coinciden con las posiciones consensuadas previamente con ellas.

«agricultura activa». En este punto, Soriano defendió la conveniencia de que no se considere la figura de «agricultor activo» a la hora de distribuir los fondos comunitarios, y sustituirla por el de «agricultura activa».

«Lo que nos interesa es una agricultura y una ganadería activa, es decir, que tenga producciones, que esté en funcionamiento, que genere actividad y empleo. Eso es lo que vamos a defender, más que la propia figura de agricultura activa», afirmó.

Finalmente, respaldó la decisión del Gobierno de reformar el Código Penal para penalizar la multirreincidencia en aquellos casos de robos agrícolas por las importantes pérdidas económicas que están ocasionando en el campo, además de la lógica alarma social.