No se esperaba otro resultado. Segundo Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de Juan Alfonso Ruiz Molina, y segundo rechazo a la política que lleva a cabo el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, por parte del consejero. Esta vez con las cuentas más claras, el consejero del ramo de Castilla-La Mancha mostró su rechazo al reparto del peso del déficit entre las comunidades autónomas y el Estado con su voto en contra a los objetivos marcados por Montoro que, a su juicio, suponen una «imposición» de la que «desconocemos la metodología y los criterios en los que se ha basado para hacer esa distribución», además de que consideró que las comunidades autónomas cuentan con el gasto «más inelástico» de todo el gasto público procedente del sostenimiento de los servicios públicos como la Educación, la Sanidad y la Dependencia.

Ruiz Molina criticó así el «oscurantismo», agravado además por la negativa del ministro a permitir que la Autoridad independiente de responsabilidad fiscal (Airef) realice un informe al respecto, en la medida en que el reparto del déficit «repercute directamente en los ciudadanos», se quejó.

El Consejo de Política Fiscal y Financiera aprobó por tanto el objetivo de déficit para las comunidades autónomas de manera simétrica (criterio compartido por Castilla-La Mancha), para el año 2016 en el 0,3 por ciento del Producto Interior Bruto, un margen que Montoro no quiso ampliar para comunidades que habían solicitado un límite asimétrico, de manera que todas hagan el mismo esfuerzo y así, según manifestó el ministro tras la reunión, «continúen en la senda del equilibrio presupuestario según los plazos marcados», mientras que la Administración Central dispone de un margen del 2,2 por ciento del PIB.

En cuanto al objetivo de deuda, desde el Ministerio se informó que Castilla-La Mancha deberá reducir su deuda progresivamente. Así, el límite marcado es del 33 por ciento en 2016, el 31,9 en 2017, y el 30,6 por ciento del PIB en 2018.

Temor respondido. Además, el Ministerio de Hacienda informó de las entregas a cuenta para el próximo ejercicio y liquidación que, en el caso de Castilla-La Mancha supondrán 4.448,3 millones de euros de entregas a cuenta y liquidación del año 2014. Sin embargo, para Ruiz Molina «no se trata de ningún regalo de Montoro», ya que es lo que les corresponde en función de la estimación de los ingresos. «Es darnos lo que a las comunidades autónomas nos corresponde», incidió.

En este sentido, Ruiz Molina manifestó su «temor» ya que, según las afirmaciones realizadas por Montoro en la reunión, «parece ser que los ingresos los tendríamos que destinar más a la amortización del déficit que a la mejora en la prestación de los servicios a los ciudadanos». Un temor que fue respondido directamente por el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas quien, a preguntas de este diario, criticó duramente las palabras del consejero regional al que acusó de que «no ha entendido de lo que está hablando» porque, a su juicio, «reducir el déficit es garantizar los servicios públicos». Ante esto, Montoro preguntó a Ruiz Molina «¿a qué quiere dedicarlo, a hacer más déficit? ¿Y quién lo financia? ¿Va él a los mercados financieros?».

El ministro insistió así en su respuesta en que el Gobierno, y la Ley de estabilidad presupuestaria, «garantizarán que esos nuevos recursos se van a destinar a la reducción del déficit» rechazando cualquier amago de gastar más: «no hay margen para incrementar el gasto», sentenció Montoro.

Controlar el gasto. De esta forma, y tras estas afirmaciones, «tendremos que adoptar medidas si queremos cumplir con el nivel de déficit» marcado para este año 2015, fijado en el 0,7 por ciento del PIB, según reconoció Ruiz Molina. «Tendremos que restringir gastos de alguna manera y ser restrictivos con aquellos gastos que no afecten de manera directa a la prestación de los servicios públicos» de los ciudadanos.

Una declaración que hizo aparecer una sombra de duda sobre posibles recortes que el consejero se apresuró a despejar: «no recortes sino ser más meticulosos en la realización del gasto» para conseguir el objetivo.

Sistema caduco. El Consejo de Política Fiscal y Financiera abordó además la posibilidad de reformar el sistema de financiación autonómica vigente, con el que la mayoría de las autonomías están descontentas, además del propio ministro Cristóbal Montoro que aseguró haber tenido «el honor» de haber votado en contra de ese sistema en el Congreso de los Diputados.

Un sistema que Ruiz Molina consideró «caduco» y del que reclamó, como otras comunidades, su revisión. En este sentido, Montoro manifestó que «la disposición del Gobierno es reformarlo»,  aunque no pudo evitar criticar la postura de estas comunidades porque «alguien tuvo que ser el padre de la criatura». «Alguien lo tuvo que apoyar en su día y no es quien les habla».