La puesta en libertad de los miembros de ‘La Manada’ no ha dejado indiferente a nadie en la región. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page fue uno de los primeros en pronunciarse. Lo hizo ayer en Twitter y hoy desde Austria, donde se reunía la Asamblea de Regiones Europeas Vinícolas. Manifestó su solidaridad «con la víctima y con todas aquellas víctimas que lo son de una manada o de una violación a título individual», y aseguró que esta decisión supone «la segunda parte de otra que ya resultó incomprensible para la mayoría de los españoles».
Asimismo, y tras reconocer el «respeto y acatamiento que hay que tener siempre a todas las sentencias», mostró su deseo de que, entre todos, «consigamos lo más rápido posible que aquellos aspectos que no estén claros en la legislación y haya que cambiar, se cambien de urgencia».
Precisamente Page ha dado hoy a conocer que el Consejo de Gobierno de la próxima semana dará luz verde al proyecto de Ley para una Sociedad Libre de Violencia de Género de Castilla-La Mancha, dando paso así a su tramitación parlamentaria y aprobación definitiva por parte de las Cortes regionales. En esta nueva normativa se considerará como violencia machista la violencia sexual contra la mujer, además de desarrollar un recurso específico para atender a todas estas víctimas.
A través de las redes sociales, el presidente de Castilla-La Mancha dijo sentirse «orgulloso de volver a ser pioneros en igualdad» en Castilla-La Mancha dando el visto bueno al «proyecto de Ley más avanzado de Europa contra la violencia machista hacia las mujeres en su sentido más amplio».
Tal y como recordó García-Page, esta nueva normativa de ámbito autonómico, entre otros avances, «considerará también violencia machista la trata y explotación sexual de mujeres, la mutilación genital femenina y los matrimonios forzados».
Asimismo, la nueva Ley permitirá que «los familiares que se queden con la custodia de los y las menores huérfanos por violencia machista, tengan acceso preferente a vivienda» además de que «las hijas e hijos cuya madre haya sido asesinada por su padre serán considerados, a todos los efectos, víctimas de violencia machista, y tendrán una ayuda anual de 4.000 euros». También con esta normativa, el Gobierno regional podrá pedir que se retire la patria potestad a los asesinos.
La Educación tendrá un papel relevante, pues se contempla que los contenidos de prevención de violencia de género y la educación afectivo-sexual saludable llegue a las aulas. Además incluye la modificación de la Ley de la Protección de la Infancia y Adolescencia, que se aprobó la pasada legislatura con Cospedal para incluir entre los motivos para evitar el trato desigual o la discriminación la orientación sexual o la identidad y expresión de género.