Mariano Rajoy tenía prisa ayer por lanzar la opinión del Gobierno sobre el resultado del referéndum escocés. A primera hora de la mañana, antes de la reunión del Consejo de Ministros, el presidente grabó una declaración institucional en vídeo en la que felicitó a Escocia por su decisión de permanecer dentro del Reino Unido. Los votos «han evitado las graves consecuencias económicas, sociales, institucionales y políticas que habría supuesto su separación», afirmó en un mensaje que a pocos se les escapa que iba dirigido también, indirectamente, a los catalanes.
En realidad, casi todas las frases del jefe del Ejecutivo estaban cargadas de intencionalidad hacia el proceso soberanista encabezado por Artur Mas, aunque no nombró en ningún momento a Cataluña. Así, por ejemplo, aseguró que los escoceses «elegían entre la segregación y la integración, el aislamiento y la apertura, la estabilidad y la incertidumbre, la seguridad y el riesgo cierto». Y, según Rajoy, «optaron por la postura más favorable para todos; para ellos, el resto de ciudadanos británicos y el conjunto de Europa». Así, aseveró en otro momento de su mensaje, de dos minutos de duración, que Escocia seguirá contribuyendo a dar «grandeza, cohesión y desarrollo» al Reino Unido.
Además, en otro claro recado al presidente de la Generalitat, el líder de los populares hizo hincapié en que el proceso escocés se había hecho con «escrupuloso respeto a la legalidad de su país».
Esa misma idea fue la que repitió la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, poco después, en la habitual rueda de prensa del Consejo de Ministros. Así, al ser preguntada en repetidas ocasiones por el resultado en Escocia, el paralelismo de este caso con el catalán y las posibles soluciones para aplacar los ánimos secesionistas de una parte de los catalanes, esgrimió dos argumentos: la legalidad británica no es igual que la española y, por otra parte, Cataluña goza de un altísimo nivel de autogobierno, por lo que el margen para otorgarle nuevas competencias o mayor autonomía es mucho menor que el que tiene el Reino Unido en el caso escocés.
«No partimos ni de la misma legislación ni del mismo desarrollo de autogobierno», aseveró, para añadir que, a su juicio, España es uno de los países «mas descentralizados del mundo».
Además, Sáenz de Santamaría ahondó en el hecho de que «los gobernantes deben saber que las leyes les comprometen y les obligan y tienen que cumplirlas» y no pueden obtener rédito de un planteamiento que pase por «voy a incumplir la legalidad a ver qué obtengo». Por eso, en ese sentido aseguró que en Escocia «estamos asistiendo a un planteamiento muy diferente ya que allí se ha respetado el procedimiento legalmente establecido», con la autorización del Parlamento británico conforme a su propia Constitución.
CALENDARIO. Respecto a la actuación del Ejecutivo frente a la aprobación ayer de la ley de consultas en el Parlamento catalán, la vicepresidenta admitió que el Gobierno la recurrirá ante el Tribunal Constitucional en cuanto entre en vigor, es decir en el momento en el que se publique de manera oficial, sin esperar a que Mas firme el decreto posterior de convocatoria de la consulta el 9 de noviembre.
En concreto, los pasos a seguir serían los siguientes, según fuentes de la Moncloa: una vez publicada la ley catalana, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, pedirá un informe al Consejo de Estado que se reunirá y decidirá en cuestión de horas. Con ese documento en la mano, Rajoy convocará un Consejo de Ministros extraordinario. Después, el presidente ordenará que se interponga ante el Alto Tribunal un recurso que, una vez admitido a trámite, suspenderá la aplicación de la ley.
Según reconoció Sáenz de Santamaría, este recurso está casi listo ya que están claros los planteamientos jurídicos que se van a utilizar, basados en la doctrina del propio Tribunal Constitucional.