Sánchez relega su modelo de Estado federal y apuesta por un plan social

AGENCIAS
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El líder del PSOE presenta 43 medidas para negociar con los grupos que podrían apoyarle en la investidura, entre las que propone una reforma de la Carta Magna que empezaría en 2017

La carrera del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, por conquistar la Moncloa pasó ayer a su segunda fase. Tras dialogar la semana pasada con sus posibles aliados, su equipo de negociadores se vio con representantes de IU, Ciudadanos y Compromís, y a primera hora de la mañana, Ferraz publicó las 43 propuestas con las que se pretende llegar a acuerdos con otros grupos para solventar la sesión de investidura. Este paquete de medidas se divide en cinco bloques:laboral-económico, democrático, fiscal, energético y social, con cambios significativos en este apartado. Llama la atención que los socialistas releguen a un segundo plano su idea de Estado federal. 

Entre las sugerencias destaca la reforma de la Constitución, que se iniciaría en 2017 y en la que se pretende llegar a una España federal. No obstante, tal y como ha sucedido hasta ahora, no se concreta la aportación de los progresistas. De hecho, durante la jornada se modificó la revisión del Título VIII, relativo a la organización territorial del Estado. En la primera versión se señalaba que este modelo de organización nacional se iba a desarrollar «si quiera mínimamente», una previsión que luego fue eliminada. 

Como primer paso, Ferraz pretende que, en un mes, se cree una subcomisión para la reforma de la Carta Magna en el seno de la Comisión Constitucional del Congreso. Su función sería la de proceder durante seis meses a sesiones de audiencia que permitiesen la presentación de un acuerdo sobre el «perímetro» pactado de la reforma. También incluiría la modificación de la composición y funciones del Senado, la revisión de los aforamientos y la incorporación del «hecho» UE al ordenamiento de la Ley fundamental, que, según señaló un rotativo nacional, sería refrendada vía referéndum. Se quiere suprimir la preferencia del varón sobre la mujer en la sucesión a la Corona, revisión de las bases del sistema electoral, con remisión de su concreción a la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, que debería requerir una mayoría cualificada para su modificación posterior.

En materia económica, entre otras medidas, modificaría los impuestos de Sucesiones y Donaciones, así como el de Patrimonio, para incluir un mínimo común que se aplique en todo el territorio. Se aprobaría también una fiscalidad mediambiental con una tasa a las emisiones de CO2. El impuesto de Sociedades sería otro objetivo de los socialistas, y todo para asegurar una tributación mínima del 15 por ciento, impulsándose la puesta en marcha del gravamen de transacciones financieras.

Además del aumento de la recaudación por estas vías, el PSOE intensificaría la lucha contra el fraude fiscal, la evasión y la economía sumergida, y en ella se incluirían algunas medidas inmediatas para aumentar los ingresos en el corto plazo. Para ello, se incrementaría en 5.000 efectivos el número de inspectores, agentes tributarios, administrativos, TICs y Cuerpos de Vigilancia Aduanera. En cuanto al gasto público, se haría una auditoría.

Sobre el principio de Estabilidad presupuestaria, se buscará como «equilibrio financiero» un déficit máximo del -0,5 por ciento.

Asimismo, el PSOE ya no habla de derogar la Ley de Seguridad Ciudadana;la Ley Mordaza, sino reformar algunos artículos recurridos al Constitucional.

jóvenes. En lo laboral, llaman la atención los empleos de transición, esto es, «proyectos concretos propuestos por los propios parados, por las Administraciones locales o por entidades sin ánimo de lucro», cuyo salario sería asumido por el Estado durante seis meses. Más de 700.000 parados de larga duración con baja cualificación se beneficiarían de esta medida. También figura un programa de formación y acreditación para 700.000 jóvenes que han abandonado el sistema educativo sin la titulación de ESO y que no trabajan.

Sobre las medidas sociales, Sánchez quiere paralizar la implantación de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), que no su derogación; cerrar la Administración Pública a las 18,00 horas para mejorar la conciliación, y aprobar, entre otras, una Ley de Muerte Digna. Sobre la Sanidad solo se señala que se busca que sea universal, de calidad y pública, sin dar más detalles al respecto.