Tal y como se esperaba, el pleno del Tribunal Constitucional (TC), reunido ayer en sesión extraordinaria, declaró que atentan contra la Carta Magna dos preceptos de la Ley de consultas populares no refrendarias aprobada por el Parlamento de Cataluña el pasado septiembre, y también consideró inconstitucional y nulo de pleno derecho el acuerdo de convocatoria de la consulta del 9 de noviembre. La vigencia de ambos preceptos se encontraba suspendida hace cinco meses.
En concreto, se declaran parcialmente inconstitucionales los artículos 3.3 y los puntos del 4 a 9 del artículo 16 de la Ley de Consultas, que son los que regulan la convocatoria por la Generalitat de referéndums de carácter general por entender que, bajo esa denominación, lo que realmente se regula son los referendos, cuya competencia corresponde en exclusiva al Estado.
También con el acuerdo de los 12 miembros que integran el Pleno, el TC dictó una segunda sentencia que declara inconstitucional y, en consecuencia, nulo, el decreto del president Artur Mas del 27 de septiembre, de convocatoria de consulta popular no vinculante sobre el futuro político de la comunidad de Cataluña.
Ambas decisiones se adoptaron por unanimidad en apenas media hora desde que comenzó la deliberación del Pleno, gracias al consenso que ya existía respecto de las ponencias elaboradas por los magistrados Pedro González-Trevijano, perteneciente al ala conservadora, y Juan Antonio Xiol, a la progresista.
Conviene recordar que el Gobierno central presentó estos recursos argumentando que una comunidad autónoma no tiene competencia para organizar un referéndum y, además, en el caso de la convocatoria del 9-N, que «su contenido atenta contra la atribución de la soberanía nacional, que corresponde al pueblo español» y contra la «indisoluble unidad de la Nación española».
Las reacciones no se hicieron esperar, comenzando por el jefe de la Generalitat, Artur Mas, que aseguró que estas resoluciones evidencian que el «único camino democrático y legal» para el derecho a decidir de los catalanes son unas elecciones, ya avanzadas al 27 de septiembre.
«Ahora solo queda un camino democrático y legal para poder hacer la consulta que, en algún momento, debemos hacer», defendió el líder de CiU, que añadió:«Lo hubiésemos querido hacer de otra manera».
Mientras, el presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, destacó en el Congreso de los Diputados que cuando el Tribunal Constitucional ha anulado «por unanimidad» de sus 12 magistrados la consulta soberanista del 9-N, y parte de la ley catalana de consultas es que «algo pasa», recalcando que la obligación de los gobernantes es cumplir la ley. Además, el número uno del Partido Popular subrayó que España es la «nación más vieja y antigua de Europa» y le «ha ido bien», y que catalanes y españoles tienen «todo tipo de lazos afectivos que les unen». Éstos parecen muy lejanos entre el gallego y el barcelonés.