En según qué circunstancias lo de hablar de dinero no está bien visto. En el caso de las Cortes regionales incluso no es legal si se trata de una iniciativa popular y si ese dinero es el que se recoge en los presupuestos de la Junta o en sus medidas tributarias. Ése es el motivo de fondo por el cual la Mesa de la Cámara autonómica no admitió ayer la iniciativa legislativa popular que registró la Universidad de Castilla-La Mancha para reclamar los fondos que necesita para su mantenimiento.
«La ley es muy clara y establece que no pueden ser objeto de incitativa legislativa popular aquellas materias que son de naturaleza tributaria y presupuestaria», explicó ayer la secretaria primera de la Mesa, Inmaculada López, «esta iniciativa legislativa popular hace referencia claramente a efectos presupuestarios de costes de personal de la UCLM y, por lo tanto, incumple el artículo 4.3 de la ley 2/1985». En concreto la Ley impide una iniciativa legislativa popular que sea de naturaleza tributaria y presupuestaria, y además, las que no sean competencias de la Junta, las que se refieran a la organización territorial de la comunidad, las que aborden leyes orgánicas o internacionales, las que se adentren en los trámites legislativos o las que versen sobre el régimen y funcionamiento de los órganos de la Junta.
Además de los defectos de fondo, López también señaló que hay defectos de forma. El principal es que se exige que una iniciativa legislativa popular la presente una comisión promotora, pero en este caso la llevó el secretario general de la Universidad. «Se han aplicado los mismos criterios que siempre se han aplicado en la Mesa de las Cortes, también cuando gobernaba el PSOE», aclaró ayer López.
Sin embargo, estos criterios no los aplicaron todos los miembros de la Mesa por igual. Los tres del PP los siguieron a rajatabla para rechazar la iniciativa de la UCLM. En cambio, uno de los miembros del PSOEvotó a favor de su admisión (el otro faltó a la reunión).
Aunque la iniciativa de la UCLM no haya prosperado, el consejero de Educación tendrá que comparecer en breve en sede parlamentaria para explicar los presupuestos de su departamento y, por tanto, también las transferencias a la Universidad. Lo hará, con el resto de consejeros, del 11 al 20 de noviembre. PPy PSOE podrán presentar enmiendas hasta el 25.