Las sentencias por juicios de tráfico de drogas incluyen siempre la orden de incautar definitivamente los bienes del condenado cuando tienen relación con el delito, ya sea un vehículo utilizado para transportar sustancias estupefacientes, teléfonos móvil empleados para gestionar la distribución de la droga, o también objetos adquiridos a partir de las ganancias ilícitas. Cada año todos esos objetos que pasan a formar parte del patrimonio público aparecen en el informe del Fondo de Bienes Decomisados, y también el destino final una vez se traducen en dinero líquido: la propia ley establece que deben destinarse a fines relacionados con «la prevención, investigación, persecución y represión del tráfico ilegal de drogas, la prevención de toxicomanías, la asistencia e inserción sociolaboral de los drogodependientes y la cooperación internacional». El Ministerio de Sanidad ya ha hecho público el último informe anal, el de 2017, y en el mismo figura que hubo una docena de decomisos.