La Audiencia Nacional retomaba ayer el caso CCM con la declaración de tres de los siete miembros de la Comisión Ejecutiva de Caja Castilla-La Mancha imputados por el juez Ruz por su gestión al frente de la entidad entre julio de 2007 y marzo de 2009, es decir, hasta la intervención de la extinta caja regional por el Banco de España. En concreto, se personaron en la sala de vistas número 8 Federico Andrés Rodríguez Morata, Tomás Martín-Peñato y Florencio Hernández, y todos ellos coincidieron en apuntar al Comité Superior de Riesgos como responsable último de todas las inversiones crediticias realizadas en este periodo, según confirman fuentes jurídicas. Un órgano que, no hay que olvidar, estaba encabezado por el exdirector general de la caja, el también imputado Ildefonso Ortega.
En la misma línea que lo hiciera en febrero de 2011 el expresidente de la entidad, Juan Pedro Hernández Moltó, los tres exdirectivos mantuvieron que su función dentro del organigrama de CCM era representativa, no ejecutiva, y que todas las operaciones que se aprobaron durante este tiempo recibían su aprobación tras haber visto informes favorables del citado Comité Superior de Riesgos.
Informes que, según relataron ayer ante el juez, consistían en resúmenes «de un folio» sobre cada operación y en los que sólo se detallaba la «valoración positiva» del equipo de Riesgos. Como insistieron algunos de estos imputados a La Tribuna, «nos reuníamos cada quince días», «veíamos estos resúmenes» y «nos informaban de que eran buenas operaciones». «No éramos ejecutivos» de la caja, «ni teníamos contrato», «cobrábamos 292 euros por cada sesión».
Asimismo, resaltaron en todo momento su nula formación financiera -»para eso estaban los directivos de la caja»- y que su presencia en la entidad era de la representación de los «agentes sociales» de la comunidad. «Son profesores, alcaldes, sindicalistas, albañiles y un agricultor», añaden desde el bufete González Franco, que lleva la defensa de cinco de los siete imputados, consultado por este diario.
Dos argumentos -el de los informes favorables y el del ‘desconocimiento’ del medio financiero- para nada baladíes. No hay que olvidar que a todos ellos se les imputa un delito de administración desleal por aprobar «operaciones singulares» que contribuyeron a causar a la entidad un agujero de 267 millones de euros. En concreto, se investigan una veintena de préstamos y operaciones crediticias presuntamente irregulares, entre ellas, las realizadas con las sociedades Luis Portillo-Inmobiliaria Colonial, Naropa-Fermoselle (Kopan Cartera), T-Solar Global y Renovalia, así como a las empresas del Grupo Lábaro Whitness Investment Group, Residencial Picón, Sersan Integral y Simcar Proyectos.
Federico Andrés Rodríguez Morata afirmó salir satisfecho de la sala de declaraciones. «He venido a contar la verdad», dijo. Una verdad que, como explicó, pasa por que todas las decisiones que tomó la comisión ejecutiva de CCM se efectuaron tras «informes favorables previos» de los altos directivos de Riesgos.
Además, apuntó un dato nuevo hasta ahora en el proceso y que es que la «gran mayoría» de las operaciones que investiga ahora el juez, entre ellas los créditos concedidos a Colonial y el Grupo Lábaro, fueron aprobados por los subdirectores ejecutivos de la entidad en decisión mancomunada, tal y como les facultaba el reglamento de la entidad. Por tanto, aclaró, «no los aprobamos en la comisión», solo «se nos informó de ellos».
En este sentido, fuentes jurídicas consultadas, agregaron que en torno a un 40 por ciento de las operaciones investigadas por la Audiencia Nacional habrían sido aprobados por este trámite de urgencia, si pasar por la Comisión Ejecutiva. Este sería el caso de, por ejemplo, buena parte de los créditos menores concedidos a Portillo.
Por ello, las citadas fuentes no descartan nuevas imputaciones para aclarar las implicación del Comité de Riesgos en estas operaciones. Se verá.
Hoy continúa la segunda tanda de declaraciones. Por la madrileña calle Prim pasarán José María Fresneda, secretario general de Asaja-CLM, Carlos Jiménez, de UGT, y José Sánchez Bódalo, vicepresidente de la Diputación de Ciudad Real, y que, salvo sorpresa, mantendrán como hasta ahora la misma línea de defensa que sus compañeros. Caso diferente es el de Emilio Sanz, el único vinculado con el PP, actual presidente del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha y que hasta ahora no ha realizado declaración ninguna por su imputación.