Hace cuatro meses, la Diputación Provincial y el Albacete Balompié rubricaron un convenio de colaboración por el que la primera se comprometía a abonar un total de 630.000 euros al club, la mayor parte de los cuales estaba previsto hacer efectivos este mismo año.

Fue precisamente este acuerdo parte de los argumentos que esgrimió el Albacete para solicitar el levantamiento del proceso de liquidación que él mismo había promovido ante los embargos decretados por Hacienda en función de los impagos en concepto de IRPF, ya en fase ejecutiva. La Audiencia Provincial resolvió favorablemente la solicitud del club antes de un Pleno (12 de junio) en el que la oposición votó en contra del mismo, lo que no fue óbice para que se firmara dos días después.

Hubo cambio de gobierno, pasaron los meses y la Diputación Provincial no abonó las cantidades a las que se había comprometido en un convenio al que los actuales mandatarios se habían opuesto. Esta misma semana se ha vivido el penúltimo capítulo con las denuncias acaloradas del presidente José Miguel Garrido, que exige el cumplimiento de los acuerdos y el pago inmediato de 600.000 euros.

Pero bajo el ruido de la polémica (similares controversias mantuvo el club blanco hace pocos meses contra la Agencia Tributaria o el Ayuntamiento), planea el contenido del convenio de colaboración, y aun su viabilidad legal, que es, probablemente, la cuestión central del asunto.

El informe del interventor fue adverso a la concesión de la subvención por dos veces.

En la primera, según la fiscalización previa emitida el 6 de mayo, Intervención ya advertía, entre otros asuntos, de que en el expediente no constaba la propuesta motivada que justificaran la excepción de la convocatoria, el presupuesto económico y la información sobre si el beneficiario se encontraba al corriente de pago con Hacienda y la SS. El informe fiscalizador quedó sobre la mesa al no llevarse la propuesta al Pleno en plena fase electoral.

El segundo, emitido el 10 de junio, no fue menos contundente. Formuló igualmente reparo a la propuesta que, al menos a primera vista, contraviene la Ley General de Subvenciones. En su escrito, Manuel González Tébar volvió a aludir precisamente al artículo 14 de la mencionada normativa que, textualmente, precisa como una de las obligaciones del beneficiario «acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión que se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social...». A este respecto, el interventor aseguraba en su informe: «No consta en el expediente de información sobre si el beneficiario se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias... manifiesta que el destino de las cantidades recogidas en el mismo irán íntegramente a liquidar la deuda de la Agencia Tributaria... la concesión de subvenciones se encuentra condicionada a cumplir con estas responsabilidades... previo al acuerdo plenario».

De esta forma, pese a que el Albacete Balompié ha acreditado con posterioridad este requisito, no lo hizo en el momento del acuerdo, lo que, en teoría, explicaría el no haber recibido el importe de la subvención.

Otro punto básico en el informe de intervención giró en torno al mandato provisional del equipo de gobierno anterior. Hay que recordar que los mandatarios de la Diputación aprobaron el convenio tras las elecciones del 24 mayo. En su escrito el interventor recordaba que ese fin de mandato «limita las funciones de los miembros de la Corporación según la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, «máxime teniendo en cuenta que afecta a ejercicios económicos futuros, condicionados a la existencia de crédito».